La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general contra el delito de extorsión, la cual será de aplicación obligatoria en todas las entidades federativas. La modificación consiste en agregar la palabra «extorsión» al artículo 73, fracción XXI, inciso A, de la Constitución, lo que permitirá homologar las legislaciones estatales en esta materia.
El diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel, afirmó en entrevista que se trata de un paso necesario para atender de manera uniforme uno de los delitos que más afectan a la población. “Es una ley que va a dar sustento al Plan Nacional contra la Extorsión, que todos reconocemos como un delito que no ha disminuido, sino que ha aumentado”, advirtió.
La propuesta fue presentada sin reservas durante la sesión, a pesar de que previamente se había planteado esa posibilidad en la Junta Directiva de la Comisión. Según Godoy, el consenso alcanzado demuestra que existe voluntad política para abordar este problema desde una perspectiva nacional. “No vi problemas en la votación. Todos los grupos parlamentarios respaldaron la reforma”, aseguró.
El legislador explicó que la futura ley general tendrá efectos jurídicos inmediatos en los estados, que deberán ajustar sus marcos legales para alinearse con la nueva legislación federal. “Una ley general es obligatoria para todos los estados y busca que sus legislaciones sean homogéneas”, apuntó.
Godoy respaldó el llamado del senador Ricardo Monreal a construir consensos, no solo con la oposición, sino también con las bancadas aliadas como el PT y el Partido Verde. Señaló que en temas como la reforma electoral y esta reforma constitucional, es fundamental alcanzar acuerdos amplios para fortalecer la legitimidad de las leyes.
En cuanto a la situación en el territorio nacional, el diputado advirtió que los municipios con mayor debilidad institucional, especialmente en términos de fuerza policial, son los más afectados por la extorsión. Mencionó casos específicos en el Estado de México, donde se ha detectado una presencia significativa del crimen organizado en zonas de alta actividad económica.
Finalmente, Godoy consideró que esta reforma representa el primer paso para un cambio estructural en el combate a la extorsión, al permitir que el Congreso actúe de forma directa sobre una problemática creciente. De acuerdo con cifras citadas durante el debate, el delito ha registrado un incremento del 21% en el último año, lo que ha generado preocupación entre legisladores de todos los partidos.
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