El Senado de la República inició el análisis del proyecto de Ley de la Guardia Nacional y la modificación de ocho ordenamientos legales, con el propósito de armonizar el marco jurídico con la reforma constitucional en materia de seguridad pública publicada en septiembre de 2024. La minuta fue remitida por la Cámara de Diputados y comprende cambios sustanciales en leyes que regulan la organización y operación de las fuerzas armadas mexicanas.
Durante la octava sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional, Juanita Guerra Mena, expuso que estas modificaciones “materializan una nueva y moderna visión de la seguridad pública” mediante el rediseño institucional de la Guardia Nacional, que dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La senadora sostuvo que la reforma permitirá consolidar una fuerza con disciplina militar y perfil policial.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Simey Olvera Bautista, afirmó que la expedición de esta ley fortalece jurídicamente a la Guardia Nacional, otorgándole identidad, infraestructura y organización definida para asumir tareas de seguridad pública y nacional. Enfatizó que se preservarán los valores y la disciplina que distinguen a la institución.
El dictamen establece que la Guardia Nacional será un cuerpo de seguridad pública profesional y permanente, conformado principalmente por personal militar con formación policial. Su comando corresponderá a un general de división en activo, designado por el Ejecutivo Federal a propuesta de la Sedena. El Senado contará con la atribución de ratificar los nombramientos de coroneles y mandos superiores, de acuerdo con la Constitución.
El documento detalla que la Guardia Nacional también contará con personal civil de confianza encargado de funciones técnicas, administrativas y profesionales, bajo la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La estructura jerárquica seguirá los grados homologados al Ejército y la Fuerza Aérea, desde soldado hasta general de división.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal incorpora a la Sedena los asuntos relacionados con la Guardia Nacional y le otorga facultades para generar e intercambiar información en materia de seguridad nacional, en coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información.
Respecto a los derechos laborales, se estipula que el Estado garantizará a la Guardia Nacional prestaciones de seguridad social equivalentes a las de otras fuerzas armadas. El reclutamiento será de carácter voluntario, mientras que la capacitación y el adiestramiento serán obligatorios.
Las reformas también actualizan denominaciones legales y normas de disciplina. La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea pasa a denominarse Ley de Disciplina del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, incorporando a esta última en la jurisdicción penal militar por faltas de carácter castrense y ante tribunales federales por delitos cometidos en funciones policiales. Asimismo, se modifican los códigos de justicia militar y procedimientos penales para incluir referencias a la Guardia Nacional y adoptar lenguaje incluyente.
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