El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a la bancada de Morena en el Senado de promover una reforma en materia de telecomunicaciones que, según su interpretación, limitaría la libertad de expresión y centralizaría el control de los medios de comunicación en el Ejecutivo federal. Durante la discusión del dictamen, legisladores priistas expresaron diversas objeciones al contenido y alcances de la propuesta.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, afirmó que la creación de una nueva Comisión Reguladora, que sustituiría al actual Instituto Federal de Telecomunicaciones, representaría un organismo “sin autonomía” cuya función sería únicamente ejecutar las órdenes del gobierno. Añorve señaló que el dictamen permitiría suspender transmisiones de radio y televisión sin orden judicial, lo que calificó como un instrumento de censura.
En su intervención, el legislador cuestionó que la reforma reinstale medidas que habían sido declaradas inconstitucionales, como la incorporación de Códigos de Ética obligatorios para medios. Añorve sostuvo que estas disposiciones buscan “silenciar voces críticas” y que el proceso legislativo ignoró las observaciones de especialistas.
Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó la iniciativa como una “aberración jurídica” y afirmó que se trata de “la guía de bolsillo del autoritarismo”. Según Moreno, el dictamen faculta al gobierno federal para verificar contenidos editoriales, definir criterios de veracidad e imponer sanciones económicas a medios que no se alineen a la narrativa oficial.
Moreno advirtió que con la aprobación del dictamen se reactivaría el padrón de usuarios, permitiendo el acceso gubernamental a información personal como CURP biométrica, ubicación, expedientes médicos y datos bancarios. Además, señaló que la reforma implicaría la participación de empresas estatales en el sector telecomunicaciones, lo que podría contravenir disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los senadores priistas también acusaron a Morena de desmantelar contrapesos institucionales y de utilizar la legislación para consolidar un modelo de control político sobre la comunicación social. Moreno Cárdenas llamó a las fuerzas opositoras a cerrar filas en defensa del régimen democrático y a no respaldar proyectos que, a su juicio, debiliten la división de poderes.
Al concluir su posicionamiento, Moreno afirmó que su partido emprenderá acciones legales ante instancias nacionales e internacionales con el propósito de proteger el derecho a la información y la libertad de expresión de la ciudadanía.
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