La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este viernes que fueron identificados los restos de 17 personas encontrados en una fosa clandestina localizada en el municipio de Zapopan, durante excavaciones realizadas por una empresa constructora en febrero pasado.
En total, fueron hallados restos de 34 personas dentro de bolsas plásticas. Las labores de excavación ya concluyeron, pero los peritos forenses aún trabajan para identificar los restos de las otras 17 víctimas, indicó la fiscalía estatal mediante un comunicado.
El hallazgo vuelve a colocar a Jalisco en el centro de atención nacional e internacional. En marzo, un colectivo de búsqueda de desaparecidos denunció el hallazgo de restos óseos y centenares de prendas de vestir en un predio del municipio de Teuchitlán, utilizado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para reclutar y entrenar a sus integrantes.
Investigación del rancho Izaguirre
Las investigaciones en el rancho Izaguirre, donde fueron localizados los restos, continúan. Por este caso, han sido detenidas al menos 15 personas, incluido el alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, capturado en mayo.
Según la Fiscalía General de la República, desde 2021 la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco había reportado la existencia del predio. Aunque la Guardia Nacional y la fiscalía estatal intervinieron el lugar en septiembre, la investigación permaneció detenida por varios meses, según declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero.
El CJNG fue designado en febrero por Estados Unidos como “organización terrorista”, junto a otros cinco cárteles mexicanos. El caso ha evidenciado omisiones en la actuación de las autoridades locales, generando críticas sobre la efectividad de las investigaciones en desapariciones.
Contexto nacional e internacional
México enfrenta una crisis de desapariciones forzadas, con 129,669 personas oficialmente desaparecidas. A raíz de los hallazgos en Jalisco, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abrió en abril un proceso urgente sobre la situación en el país, que podría escalar hasta la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta acción fue objetada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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