La diputada Anita González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció en contra del dictamen que expide la Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, al considerar que vulnera derechos fundamentales, carece de mecanismos de supervisión y compromete la autonomía institucional.
La bancada del PRI advirtió que la iniciativa permitiría a las autoridades acceder sin orden judicial a datos biométricos, médicos, bancarios, fiscales y telefónicos de la ciudadanía, sin establecer criterios claros de necesidad, proporcionalidad o control. “Estamos en contra del acceso a datos sensibles que tocan aspectos muy personales de la vida de cada individuo sin control judicial”, afirmó el grupo parlamentario en un posicionamiento.
Registro telefónico y autonomía del Ministerio Público
Uno de los puntos más señalados fue la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obligaría a registrar todas las líneas antes de su activación y autoriza la desactivación de aquellas que no estén vinculadas con una persona identificada. El PRI recordó que iniciativas similares —como el RENAUT (2008) y el PANAUT (2020)— fueron abandonadas por fallas operativas y legales.
Asimismo, el grupo parlamentario expresó su preocupación por la interconexión obligatoria de datos entre el nuevo sistema y el Ministerio Público, argumentando que esto podría vulnerar su independencia al subordinar procesos jurídicos a una plataforma operada desde el Ejecutivo.
Falta de controles y posibles abusos
La diputada Anita González y su bancada también cuestionaron la falta de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en el funcionamiento del sistema. Señalaron que “se le deja toda la autoridad a una sola persona, sin mecanismos claros de evaluación pública”, lo que podría facilitar abusos de poder y violaciones a derechos humanos en el manejo de información clasificada.
El PRI manifestó su apoyo a fortalecer la seguridad, pero subrayó que cualquier estrategia debe garantizar el respeto a la legalidad, la dignidad y las libertades fundamentales. En ese sentido, llamó a construir alternativas legislativas que refuercen las instituciones sin comprometer derechos.
Petición de diálogo y revisión legislativa
En medio del debate legislativo, el PRI reiteró que continuará impulsando propuestas que contribuyan a un país más seguro, sin poner en riesgo la privacidad ni el equilibrio institucional. La discusión sobre la ley continúa en el Congreso, donde diversas bancadas analizan las implicaciones del dictamen aprobado por mayoría. Por el momento, la postura priista se mantiene firme en defensa de los derechos humanos y la transparencia gubernamental.
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