La Vicecoordinación Económica del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) elaboró una ficha técnica sobre la iniciativa que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la cual será posicionada en tribuna por el diputado Héctor Saúl Téllez durante la sesión del periodo extraordinario. El documento expone una serie de riesgos técnicos, presupuestarios e institucionales derivados de la reforma impulsada por el Ejecutivo Federal.
La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea reformas a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el propósito de reubicar las funciones del CONEVAL en el INEGI y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento al decreto constitucional del 20 de diciembre de 2024.
Riesgos institucionales y falta de capacidad técnica
Según la ficha técnica, la extinción del CONEVAL representa la desaparición de un órgano técnico independiente con experiencia específica en la evaluación del cumplimiento de derechos sociales. Las nuevas instituciones responsables —el INEGI y la SHCP— no cuentan con el mandato legal ni la estructura funcional para asumir tareas de evaluación con enfoque social. El documento indica que el INEGI tendría que crear nuevas áreas y contratar personal especializado, lo que contradice el argumento oficial de “sin impacto presupuestario”.
Asimismo, se alerta que la centralización en Hacienda del Programa Anual de Evaluación genera un conflicto de interés, ya que ese mismo ente es el responsable de ejecutar el gasto público. Esto diluye el enfoque social de las evaluaciones, al priorizar metas presupuestarias sobre el impacto real en la calidad de vida de la población.
Impacto presupuestario no reconocido
El análisis del GPPAN destaca que, aunque el dictamen asegura que no habrá afectaciones presupuestales, se omitieron costos de liquidación del personal especializado del CONEVAL, estimados en 14.4 millones de pesos, así como los requerimientos técnicos para absorber sus funciones en otras instituciones. También se advierte una reducción del 30% en el presupuesto del CONEVAL para 2025, lo que evidenciaría un desmantelamiento progresivo antes de su desaparición.
Erosión de transparencia y rendición de cuentas
El documento critica que la reforma elimina indicadores clave que estaban conectados al Presupuesto Basado en Resultados y al Sistema de Evaluación del Desempeño, sin ofrecer mecanismos equivalentes de sustitución. También se cuestiona que el INEGI definirá las Zonas de Atención Prioritaria, fundamentales para la asignación de gasto social, sin revisión externa ni criterios sociales claros.
La ficha concluye que esta reforma limita la capacidad del Estado para evaluar eficazmente su política social, compromete la transparencia y dificulta la rendición de cuentas. En palabras del diputado Téllez, el cambio “pone en riesgo el derecho ciudadano a conocer si las políticas sociales están realmente reduciendo la pobreza”.
El posicionamiento del GPPAN se enmarca en un contexto en el que más del 35% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza laboral, y la medición autónoma del impacto de programas sociales se considera indispensable para la mejora de políticas públicas. El dictamen aún deberá ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados.
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