Con el objetivo de evitar abusos de autoridad y garantizar la protección de los derechos humanos, el diputado local Marco Antonio Mendoza Bustamante presentó una iniciativa ante el Congreso de Hidalgo para adicionar los artículos 203 y 204 a la Ley de Seguridad Pública del estado, a fin de conceptualizar y delimitar el uso de la fuerza pública.
Durante su intervención en tribuna, el legislador del PRI explicó que la legislación vigente carece de una definición precisa sobre el ejercicio de la fuerza pública, lo cual permite interpretaciones que podrían derivar en su uso arbitrario o excesivo. “La fuerza pública debe proteger, no intimidar; por eso queremos que la ley delimite su ejercicio con claridad y responsabilidad”, puntualizó.
Delimitación legal y principios democráticos
La propuesta plantea definir la fuerza pública como el conjunto de instituciones responsables del orden, la seguridad ciudadana y la defensa del territorio, actuando siempre bajo el imperio de la ley y dentro de un Estado democrático. El legislador advirtió que el uso desproporcionado de la fuerza, así como la impunidad o corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, puede generar efectos adversos sobre los derechos humanos y la confianza ciudadana.
La iniciativa contempla que el uso de la fuerza esté regulado por principios éticos, sustentado en procedimientos claros y con límites legales bien establecidos. De esta manera, se busca establecer responsabilidades explícitas para las autoridades encargadas de aplicar la ley, y evitar que su actuación derive en violaciones a las garantías individuales.
Compromiso institucional
Desde el Grupo Parlamentario del PRI, Mendoza Bustamante reiteró su disposición para impulsar reformas que fortalezcan las instituciones públicas, refuercen el marco legal y garanticen un ejercicio legítimo y profesional de la fuerza pública en el estado. Aseguró que esta iniciativa responde a la necesidad de modernizar el sistema jurídico estatal en sintonía con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La propuesta fue turnada a comisiones legislativas para su análisis, dictamen y eventual discusión en el pleno del Congreso local.
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