Senadores del Grupo Parlamentario del PRI denunciaron que el dictamen de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contenía disposiciones que podían derivar en la persecución política y limitación de libertades civiles, al permitir el congelamiento de cuentas sin juicio previo ni orden judicial.
Durante una conferencia de prensa celebrada en el Senado, el coordinador parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños, advirtió que la Fracción I Bis del artículo tercero del dictamen permitiría a la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional obstaculizar campañas políticas, disolver organizaciones civiles o silenciar sindicatos solo con base en sospechas, sin necesidad de pruebas.
“Quieren imponer un Estado de miedo por encima del Estado de Derecho. Sin juicio previo, sin prueba, sin jueces: solo sospecha y castigo”, declaró Añorve. El legislador agregó que una estructura sin controles sería susceptible de manipulación electoral, al permitir congelar recursos de cualquier actor que resulte incómodo para el gobierno.
Advertencia sobre impacto a la sociedad civil
Durante la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Carolina Viggiano Austria sostuvo que el dictamen imponía cargas desproporcionadas a organizaciones de la sociedad civil, al tratarlas como si fueran entidades delictivas. Señaló que la legislación pondría en riesgo a instituciones como asilos, orfanatos y bancos de alimentos.
“Se pretende criminalizar a quienes suplen funciones que el Estado ha abandonado”, afirmó. Viggiano denunció además que la UIF ha perdido autonomía técnica y opera con un sesgo político. Según datos citados, de 800 denuncias presentadas, solo 66 han sido judicializadas.
Modificaciones al dictamen
A partir de las críticas planteadas por el PRI, las comisiones unidas decidieron modificar el texto del dictamen, específicamente la fracción cuestionada, para atender los señalamientos sobre el riesgo a las libertades fundamentales y el potencial uso político de la norma.
Ambos legisladores llamaron a sus colegas a legislar con visión de Estado y no bajo criterios sectarios. Añorve señaló que su grupo parlamentario reconsiderará su voto si el dictamen final garantiza el respeto a los derechos fundamentales y protege a la sociedad civil.
El proyecto reformado será discutido próximamente en el pleno del Senado para su votación.
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