La jueza federal Reyna Rodríguez denunció este lunes que un grupo de más de ocho hombres armados irrumpió en el domicilio de su madre, en Guanajuato. El hecho ha generado preocupación entre autoridades y organizaciones judiciales, debido a la exposición de las juezas en ejercicio y el contexto político actual.
Rodríguez, titular del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato, publicó en la red social X: “Más de 8 hombres armados entraron a casa de mi mamá. Voy a dejar de publicar por un tiempo, por ella y por mi familia”. La publicación ha sido replicada ampliamente por colegas del Poder Judicial y actores políticos, incluida la diputada federal Margarita Zavala.
La Asociación Mexicana de Juzgadoras emitió un comunicado en el que condenó la agresión y expresó su preocupación por que este hecho esté relacionado con las críticas que la jueza ha expresado públicamente sobre la reforma judicial. “A pesar de no haber sufrido ningún daño físico, la agresión evidencia claramente el alarmante nivel de violencia al que están expuestas las juezas en ejercicio de su función”, señaló la organización.
La Secretaría de Gobierno de Guanajuato confirmó que se ha brindado acompañamiento a la jueza y se da seguimiento a la denuncia correspondiente. No se han reportado detenciones ni información oficial sobre los responsables del ataque al domicilio de la madre de la funcionaria.
Reyna Rodríguez ha publicado en redes sociales diversos mensajes y videos criticando la reforma al Poder Judicial y la votación realizada el pasado 1 de junio. En uno de sus últimos videos, difundido el viernes 13 de junio, señaló: “Nos destituyeron, nos cesaron inconstitucionalmente, porque esa reforma, aunque esté en la Constitución, no quiere decir que sea conforme a los derechos humanos”.
La jueza también había compartido recientemente que iniciaría actividades en un nuevo espacio laboral, tras más de dos décadas de trabajo en el Poder Judicial de la Federación. En sus declaraciones ha sostenido que la reforma en curso representa una violación a tratados internacionales y estándares de derechos humanos.
Este lunes, tras la denuncia pública de la agresión, autoridades estatales reiteraron su compromiso de investigar el incidente y brindar protección a la jueza. Hasta el momento, no se ha informado de una postura oficial de la Fiscalía del estado ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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