En México, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) entre 5 y 17 años realizan alguna actividad laboral, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022. Esta cifra pone de manifiesto los retos persistentes en materia de derechos de la infancia, particularmente entre poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Del total de menores que trabajan, el 60.2% son niños (2.2 millones) y el 39.8% son niñas (1.4 millones), muchas de las cuales realizan labores domésticas no remuneradas. Además, tres de cada diez NNA que laboran no asisten a la escuela, lo que profundiza los ciclos de pobreza, exclusión social y baja escolaridad.
A pesar de este contexto, el presupuesto asignado en 2025 a las unidades responsables de implementar acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil asciende a 93.7 millones de pesos, lo que representa una disminución real del 7.9% respecto a lo aprobado en 2024, cuando se asignaron 101.7 millones de pesos.
Subejercicio presupuestario
Durante 2024, solo se ejerció el 58.6% del presupuesto destinado a esta problemática, lo cual refleja limitaciones en la planeación, ejecución y seguimiento del gasto público. Esta situación compromete la eficacia de los programas dirigidos a mitigar las causas estructurales del trabajo infantil.
Especialistas han advertido que erradicar el trabajo infantil es una inversión a largo plazo que contribuye a evitar la reproducción de condiciones de precariedad laboral e informalidad. La falta de una asignación presupuestal suficiente, sumada a problemas de ejecución, limita la capacidad institucional para implementar políticas públicas efectivas.
El documento “Trabajo infantil y gasto público. Inversión para prevención y erradicación”, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), subraya la necesidad de diseñar programas específicos con enfoque estructural, eficiencia en el gasto y mecanismos claros de rendición de cuentas.
En este sentido, el fortalecimiento del marco presupuestario resulta fundamental para garantizar el acceso a la educación, la protección de derechos laborales y el desarrollo integral de las infancias mexicanas.
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