El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que no existen elementos suficientes para cancelar los registros de 13 personas electas para cargos en el Poder Judicial Federal, pese a denuncias por violencia familiar, delitos sexuales y deudas alimentarias. Según el organismo, sólo una sentencia firme podría impedir que asuman sus funciones.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General realizada el jueves 5 de junio, el INE presentó un informe preliminar en el que se analizaron los expedientes de los candidatos señalados. Entre los casos revisados se incluyen acusaciones por violencia política de género, violación, agresiones contra menores y otros hechos denunciados por organizaciones civiles y partidos opositores.
La autoridad electoral concluyó que, hasta el momento, no hay pruebas legales que acrediten la inhabilitación de los implicados. Sin embargo, se acordó continuar con una investigación más detallada, cuyos resultados finales se darán a conocer el próximo 15 de junio.
De acuerdo con la normativa vigente, sólo una resolución judicial definitiva puede impedir que una persona electa tome posesión de un cargo. “En tanto eso no ocurra, los 13 candidatos señalados podrán asumir funciones el 1° de septiembre”, señaló el INE en su comunicado.
La jornada del 1 de junio fue la primera en la que se eligieron por voto popular más de dos mil jueces, magistrados y ministros en el país. No obstante, la participación ciudadana se ubicó en apenas 13 por ciento, la más baja registrada en este tipo de elección.
Ante los cuestionamientos públicos sobre los antecedentes de algunos ganadores, el INE reiteró su compromiso con el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Asimismo, señaló que continuará colaborando con las instancias judiciales correspondientes para garantizar la legalidad e integridad del proceso electoral.
Está previsto que el próximo 15 de junio se emitan las constancias de mayoría a los candidatos ganadores. El INE precisó que, en caso de que surjan nuevos elementos jurídicos relevantes, podrían revisarse o revocarse los registros antes de la toma de posesión.
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