Los cómputos del Instituto Nacional Electoral (INE) indican que los cinco espacios del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal a partir de septiembre, serán ocupados por personas identificadas con Morena y sus gobiernos. Con el 99.7% de las actas contabilizadas, los resultados de la elección confirman las tendencias señaladas en los “acordeones” distribuidos entre votantes durante la jornada electoral del domingo pasado.
Celia Maya García encabeza los resultados con 5 millones 95 mil 43 votos. Actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal, Maya ha sido tres veces candidata al gobierno de Querétaro por el PRD y Morena. Le sigue Verónica de Gyvez Zárate, quien fue propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar la Suprema Corte, y que hasta ahora suma 4 millones 896 mil 490 votos.
El magistrado Rufino León Tovar, presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, también será parte del tribunal al obtener 3 millones 895 mil 52 votos. Otro integrante confirmado es Bernardo Bátiz, exprocurador de Justicia en la Ciudad de México y actual miembro del Consejo de la Judicatura Federal, quien registra 4 millones 514 mil 879 sufragios.
Completando la lista, Indira Isabel García Pérez, funcionaria originaria de Colima, obtuvo 4 millones 208 mil 942 votos. Estos cinco perfiles coinciden con los nombres incluidos en las guías informales de votación distribuidas durante los comicios para orientar el sufragio hacia candidatos afines al oficialismo.
El Tribunal de Disciplina Judicial es una nueva instancia constitucional cuya función será vigilar y sancionar actos de corrupción y faltas administrativas cometidas por integrantes del Poder Judicial de la Federación. Sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal a partir del 1 de septiembre de 2025.
De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución mexicana, cualquier persona o autoridad podrá presentar denuncias ante el tribunal contra ministros, magistrados o jueces por posibles actos de responsabilidad administrativa o penal. El órgano deberá investigar y, en su caso, sancionar conforme a la ley.
El marco legal establece que el TDJ deberá operar con imparcialidad y resolver sus procedimientos de manera pronta, completa y expedita, siguiendo los lineamientos que determine la legislación secundaria.
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