La diputada Tania Larios, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para sancionar penalmente los casos de sumisión química por pinchazo, luego de que en las últimas semanas se reportaran múltiples denuncias en espacios públicos y transporte colectivo.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se han registrado más de 41 denuncias por agresiones de este tipo, ocurridas principalmente en el Metro, Metrobús y vía pública. Sin embargo, hasta la fecha no se ha iniciado ningún proceso penal en contra de los presuntos responsables.
La iniciativa busca reformar el Código Penal del Distrito Federal mediante la adición de los artículos 159 Bis y 153 Ter, a fin de establecer penas de seis meses a cinco años de prisión para quien utilice agujas o jeringas con el propósito de drogar, debilitar o facilitar la comisión de delitos como el robo o el abuso sexual.
Según lo expuesto por la legisladora priista, el objetivo de esta propuesta es garantizar la autonomía, integridad y seguridad de las personas, así como reforzar el marco jurídico actual para que las autoridades puedan actuar con mayor eficacia ante este tipo de agresiones.
La propuesta legislativa contempla no sólo sanciones penales, sino también medidas de prevención, atención a víctimas y fortalecimiento de la cultura de la denuncia y del acompañamiento institucional.
El grupo parlamentario del PRI señaló que el aumento de este tipo de agresiones exige una respuesta inmediata del Estado para evitar que queden impunes y se repitan, especialmente en espacios donde las personas usuarias están en situación de vulnerabilidad.
Hasta el momento, la iniciativa está en proceso de análisis legislativo. No se ha dado a conocer si otras fuerzas políticas apoyarán la reforma, ni se ha definido una fecha tentativa para su discusión en el pleno del Congreso capitalino.
Esta acción se enmarca en un contexto creciente de denuncias por sumisión química a través de pinchazos, una forma de violencia que ha sido documentada en distintos países y que en México comienza a visibilizarse como un riesgo para la seguridad pública.
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