Durante el primer conversatorio en el Senado sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica, expresidente del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), solicitó que se garantice el financiamiento necesario para la liquidación de los trabajadores del organismo desaparecido. La petición fue dirigida al Congreso, específicamente en relación con el artículo transitorio octavo de la iniciativa.
Juárez Mojica expresó que si bien el IFT no compartió la decisión de eliminar órganos autónomos, acatan las determinaciones del Congreso. “Una recomendación muy respetuosa y concreta es que en el transitorio octavo de esta ley […] se establezca que el instituto contará con los recursos para que eso se pueda llevar a cabo”, señaló durante su intervención ante legisladores.
La solicitud surge en un contexto de manifestaciones. Trabajadores del extinto IFT permanecieron afuera de la Cámara de Senadores y, por momentos, bloquearon el tránsito vehicular sobre Paseo de la Reforma como forma de presión para garantizar sus derechos laborales.
Juárez Mojica también hizo un llamado a que el nuevo diseño institucional de telecomunicaciones y radiodifusión considere el interés público. “Se trata del futuro de sectores estratégicos […] esenciales para la economía, la vida cotidiana y el ejercicio de los derechos humanos”, subrayó.
En su participación, destacó logros alcanzados durante la existencia del IFT, entre ellos la reducción de la participación del agente económico preponderante en banda ancha, la eliminación de la larga distancia nacional y el apagón analógico de 2015.
El expresidente del IFT también defendió la legalidad de las concesiones entregadas por el organismo, asegurando que el 85% fueron de carácter no comercial. Rechazó que estas concesiones hayan sido otorgadas de manera indiscriminada.
Además, afirmó que el IFT aportó aproximadamente 200 mil millones de pesos al Estado mexicano por concepto de contraprestaciones y trámites, durante su funcionamiento como organismo regulador.
El conversatorio continuará en el Senado como parte del análisis para estructurar la nueva ley, en sustitución de las funciones que desempeñaba el IFT en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
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