Con 32 homicidios registrados en 2024, México se posicionó como el segundo país más letal del mundo para personas defensoras de derechos humanos, solo por detrás de Colombia, que reportó 157 asesinatos, de acuerdo con el informe Global Analysis 2024/25 de la organización internacional Front Line Defenders.
El documento, presentado esta semana, advierte que uno de cada dos asesinatos a nivel mundial fue cometido por actores no estatales. En México, la violencia, la criminalización y la falta de mecanismos de protección por parte del Estado son señaladas como causas centrales del riesgo que enfrentan activistas, particularmente en contextos de conflicto territorial, megaproyectos y operaciones empresariales.
Además de México y Colombia, el informe identificó altos niveles de letalidad en Guatemala (29 casos), Palestina (22), Brasil (15), Perú (9), Pakistán (7) y Somalia (6). Estas cifras reflejan una tendencia global de amenazas y ataques contra quienes defienden derechos colectivos.
En el caso mexicano, el reporte destaca la situación crítica de las personas defensoras indígenas, quienes no solo enfrentan amenazas y agresiones, sino que además son objeto de procesos judiciales calificados como arbitrarios y con sentencias desproporcionadas. Según el análisis, el sistema de justicia penal en México está marcado por un racismo estructural que niega el enfoque intercultural y contribuye a la vulneración de derechos de pueblos originarios.
“La criminalización de quienes defienden sus comunidades y territorios en México responde a una estrategia sistémica en la que el Estado, en vez de protegerlos, se alinea con intereses empresariales y criminaliza sus denuncias”, se lee en el informe. También se señala que, al encarcelar a líderes comunitarios lejos de sus regiones, se rompe el tejido social local.
El informe denuncia además la colusión entre actores estatales, empresas y el crimen organizado en regiones indígenas y rurales, donde se desarrollan actividades legales e ilegales como la minería, la tala, el tráfico de drogas y el acaparamiento de tierras. Esta situación ha profundizado la violencia en comunidades donde se defienden derechos ambientales y territoriales.
Finalmente, Front Line Defenders documenta también ataques contra personas defensoras de los derechos de migrantes, quienes enfrentan agresiones por parte de redes de trata y grupos delictivos. El organismo hizo un llamado a los Estados para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
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