Tras 18 años de litigio, un laudo definitivo ordenó al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana el pago de 55 millones de dólares a trabajadores, como resultado de la venta de Mexicana de Cananea. La resolución da cumplimiento a una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El fallo judicial establece que el monto corresponde al 5% del valor de la transacción realizada en 2004 entre el sindicato y la empresa Mexicana de Cananea, parte de Grupo México. Los recursos debieron ser distribuidos entre los trabajadores desde entonces, pero permanecieron en un fideicomiso controlado por la dirigencia sindical encabezada por Napoleón Gómez Urrutia.
La sentencia, contenida en más de 700 páginas, detalla que el pago también debe incluir los rendimientos financieros generados durante los años en que el dinero estuvo depositado en bancos. De acuerdo con el expediente 14/2012, se ordenó la apertura de un incidente de liquidación para determinar la proporción que corresponde a cada trabajador con base en su antigüedad y situación laboral al 31 de octubre de 1988.
El fideicomiso fue constituido en 2005 a través del contrato F/9645-2 con Scotiabank Inverlat, tras negociaciones del sindicato con Grupo México. Sin embargo, según consta en documentos oficiales, el fideicomiso fue desintegrado sin que se distribuyeran los recursos a los trabajadores beneficiarios.
El proceso judicial se originó en 2006, cuando se presentó la primera denuncia sobre el presunto manejo irregular de los fondos por parte del sindicato. Desde entonces, los trabajadores involucrados han sostenido diversas acciones legales para recuperar el dinero que, conforme al acuerdo original, les correspondía.
El laudo también precisa que aquellos ex trabajadores que no presentaron su demanda dentro de los plazos establecidos no podrán acceder a estos recursos. Asimismo, se establece que la responsabilidad del pago recae en la organización sindical, no en su representante individual.
Aunque se prevé que el sindicato intente promover algún recurso legal, las autoridades laborales señalaron que cualquier amparo resultaría improcedente, ya que el laudo es definitivo. El siguiente paso será la distribución proporcional del monto entre los trabajadores acreditados como beneficiarios.
Con esta resolución, se concluye un litigio de casi dos décadas sobre un fondo que, según los afectados, debió haberse entregado desde hace años. La ejecución del laudo estará a cargo de las instancias laborales correspondientes.
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