El Poder Ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica, presentó ante el Senado de la República una iniciativa para expedir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El documento propone una reestructuración normativa que busca garantizar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, priorizando la inclusión digital y la equidad en la conectividad.
Uno de los cambios centrales de la iniciativa es la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en concordancia con la reforma constitucional aprobada el 20 de diciembre de 2024. Las atribuciones del IFT serán asumidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, creada el 28 de noviembre del mismo año, la cual se encargará de supervisar el espectro radioeléctrico, las redes y los servicios del sector.
Entre las propuestas clave, el proyecto establece el reconocimiento del internet como un derecho humano. Se plantea la obligación del Estado de garantizar conectividad gratuita en zonas rurales y urbanas sin cobertura, así como la asignación de espectro a universidades, centros de investigación y comunidades indígenas para fomentar el acceso y el desarrollo tecnológico.
La iniciativa también contempla la simplificación de trámites en los tres niveles de gobierno para el despliegue de infraestructura. Además, reconoce el papel de los medios públicos, sociales y comunitarios, y establece mecanismos para proteger los derechos de las audiencias, incluyendo a pueblos indígenas y afromexicanos en los procesos de concesión.
Respecto a la regulación del espectro, la ley propone un régimen de concesiones único, que permita a los operadores prestar múltiples servicios bajo una sola autorización. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá recibir asignaciones para asegurar la cobertura universal, especialmente en regiones marginadas.
En cuanto a la libertad de expresión, el texto no contiene disposiciones que indiquen una censura directa a medios de comunicación. No obstante, otorga a la nueva Agencia amplias facultades para regular el acceso y uso del espectro, lo cual ha generado debate sobre el potencial uso de dichas atribuciones y la necesidad de garantizar su ejercicio con transparencia y equidad.
El documento enfatiza que se busca promover la pluralidad y la diversidad en el sistema de radiodifusión. La intención declarada del Ejecutivo es modernizar el marco normativo en favor de una conectividad justa y accesible para toda la población. El proyecto será discutido en el Congreso de la Unión, y en caso de ser aprobado, entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Organizaciones civiles y especialistas en telecomunicaciones han señalado que el impacto de esta reforma dependerá de su implementación. La vigilancia ciudadana y el respeto a los principios constitucionales serán clave para evitar que el nuevo marco legal se utilice con fines restrictivos o partidistas.
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