La diputada Tania Larios, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para reformar el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de ampliar de 30 minutos a una hora el tiempo de descanso durante la jornada laboral. El objetivo central es proteger la salud mental, física y emocional de las y los trabajadores.
La propuesta surge en respuesta al contexto actual de estrés laboral en el país. De acuerdo con datos expuestos en el comunicado del grupo parlamentario, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en niveles de estrés en el trabajo, lo que ha derivado en múltiples afectaciones a la salud, como ansiedad, depresión y dependencia a sustancias.
Larios afirmó que la iniciativa busca generar condiciones laborales más justas y dignas: “Hoy más que nunca, es urgente poner en el centro a las personas, generar espacios laborales dignos y proteger a la clase trabajadora”, declaró al presentar la reforma.
Entre los beneficios esperados, se mencionan el mejoramiento del clima organizacional, el incremento en la productividad y una mayor calidad de vida para quienes laboran. Asimismo, se indicó que el 85% de las organizaciones en México presentan entornos laborales tóxicos, lo que contribuye a la aparición de fenómenos como el “burnout”, el acoso laboral y el llamado “presentismo”.
La iniciativa del PRI plantea que extender el tiempo de pausa permitirá disminuir el agotamiento crónico, promover una mejor salud integral y contribuir al bienestar emocional de la fuerza laboral. Con ello, se pretende transformar prácticas tradicionales que han normalizado el desgaste de las personas trabajadoras.
La diputada también subrayó que el cambio responde a una exigencia creciente por una cultura organizacional centrada en el talento humano. Según el comunicado, el descanso suficiente y efectivo es una condición básica para el rendimiento y la innovación en cualquier sector productivo.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen. En caso de aprobarse, representaría un ajuste sustancial en la política laboral nacional, al priorizar el bienestar como eje rector del desarrollo económico y social.
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