La Cámara de Senadores recibió hoy la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para expedir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prohíbe la propaganda política, ideológica y comercial de gobiernos extranjeros, salvo fines turísticos o culturales.
El documento fue turnado a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos, las cuales deberán sesionar para dictaminar la propuesta. “Incluye la prohibición de propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural”, detalla la iniciativa.
La propuesta otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones facultades para “regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”. Asimismo, busca garantizar el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución.
El texto define como objetivo “establecer las bases de las políticas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite y la convergencia entre estos”.
También contempla proteger los derechos de los usuarios y las audiencias y garantizar el desarrollo eficiente del sector, en línea con los artículos 6°, 7°, 27 y 28 constitucionales. Los concesionarios de radiodifusión y televisión de servicio público o restringido no podrán transmitir “propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural”.
La iniciativa prohíbe además que plataformas digitales disponibles en México comercialicen espacios publicitarios para gobiernos extranjeros, salvo fines culturales o turísticos, y veta a “programadores y operadores de señales” de difundir ese tipo de contenidos a través de concesionarios nacionales.
En caso de detectarse propaganda ilegal, el proyecto establece que la Secretaría de Gobernación ordenará “de manera precautoria, la suspensión inmediata de la transmisión de la publicidad e iniciará el procedimiento de imposición de sanción correspondiente”. Al mismo tiempo, instruye a respetar “los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión” y prohíbe la censura previa.
Con la recepción de esta iniciativa, el Senado inicia el proceso legislativo para actualizar el marco normativo de las telecomunicaciones y la radiodifusión, con especial énfasis en la protección de la soberanía informativa y el pluralismo en el espectro nacional.
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