El Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó que las personas candidatas a ministras, magistrados y jueces durante el proceso electoral del 1 de junio puedan rentar vehículos y cubrir gastos de gasolina con cargo a sus recursos de campaña, siempre que estos se reporten adecuadamente en el sistema de fiscalización.
Durante la sesión del Consejo General del INE, se resolvió una consulta formulada por Gabriela Vázquez Martínez, candidata a magistrada en materia mixta en Quintana Roo. La aspirante solicitó aclaración sobre la posibilidad de utilizar un vehículo rentado con recursos propios durante sus traslados de campaña y el modo de reportarlo ante la autoridad electoral.
En respuesta, la consejera Carla Humphrey explicó que, aunque el arrendamiento de vehículos no está explícitamente señalado en los lineamientos, sí se encuentra dentro del concepto de gastos personales de traslado previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. “Después de un análisis normativo correspondiente se concluye que sí es permitido el arrendamiento de vehículos”, señaló.
El INE precisó que este tipo de gastos deberá registrarse en el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras bajo el rubro de “transportación terrestre”. Además, será necesario anexar documentación comprobatoria como estados de cuenta, comprobantes fiscales digitales, tickets, transferencias o documentos equivalentes.
El instituto también detalló los conceptos de gasto permitidos durante las campañas judiciales, entre los que se incluyen propaganda impresa, producción de imágenes, spots, promocionales en redes sociales, capacitación en medios, hospedaje, alimentos y transporte, tanto terrestre como aéreo, dentro del territorio correspondiente a la candidatura.
Esta determinación forma parte del conjunto de lineamientos establecidos por el INE para regular las campañas de los aspirantes a cargos judiciales que, por primera vez, serán electos mediante el voto ciudadano en la jornada electoral del 1 de junio.
El proceso de fiscalización de estos candidatos se mantendrá conforme a lo establecido por el INE, con el objetivo de garantizar la transparencia y legalidad en el uso de los recursos durante las campañas judiciales.
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