Durante la tercera mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas, realizada en un centro de convenciones de la Ciudad de México, las participantes exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que reconozca la participación del Estado en desapariciones forzadas y que denuncie esta situación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Romana Rivera, integrante del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo, solicitó la entrega de una carta dirigida a la mandataria federal en nombre de las víctimas de esa entidad. En ella, se pide que se reconozca el incremento de desapariciones forzadas en la región, cometidas —según las denunciantes— por grupos criminales en colaboración con agentes estatales. “Solicitamos a la presidenta de la República que considere y reconozca la grave situación que vive el estado de Quintana Roo”, afirmó.
Rivera señaló negligencias institucionales en la atención a estos casos, ejemplificando con su situación personal: “Llevo cinco años buscando a mi hija sin ningún resultado. El Estado intervino en esta privación ilegal, y mi hija fue entregada al crimen organizado”, acusó. En la misma línea, denunció la falta de exhaustividad en las investigaciones y exigió que se declare una crisis nacional de derechos humanos.
Durante la reunión, otros colectivos solicitaron mejorar la atención a las madres buscadoras, quienes afirmaron enfrentar deterioro físico y mental debido a la falta de apoyo institucional. Propusieron incluir a la sociedad civil en la designación de funcionarios y demandaron mayor coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y fiscalías especializadas. También pidieron la federalización de los casos donde interviene el crimen organizado.
Los colectivos denunciaron que las fiscalías estatales minimizan o niegan dicha participación, lo que, según explicaron, impide avanzar en investigaciones. Como ejemplo, Rivera relató el hallazgo de restos humanos en un crematorio clandestino en septiembre de 2023, caso que, de acuerdo con su testimonio, fue cerrado sin identificaciones ni justicia. También expresaron preocupación por el uso de la CURP en registros de personas, al considerar que vulnera su identidad.
Las madres exigieron desde la Presidencia un impulso a una Ley Estatal de Víctimas en Quintana Roo, así como garantías de notificación oportuna para poder participar en procesos judiciales. “Por avisarnos con un día de anticipación no podemos costear vuelos ni traslados. Esta exclusión nos relega”, expresaron.
Yoltzi Martínez Corrales, del Colectivo de Búsqueda “Raúl Trujillo Herrera”, exigió la destitución de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por presunta negligencia. La acusó de obstaculizar búsquedas, negar medidas de protección y discriminar a las víctimas. “No la queremos, no ha trabajado para nosotras. Sus medidas son restringidas y discriminatorias”, afirmó.
Martínez también denunció agresiones y filtraciones de información durante diligencias ministeriales. “Sufrí una agresión hoy por parte de las autoridades para salir del Senado. No fue el crimen organizado, fue el Estado quien me violentó”, dijo. Finalmente, propuso adoptar modelos internacionales como la legislación colombiana para proteger a las personas que realizan labores de búsqueda.
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