El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que el ataque armado ocurrido este fin de semana en el centro de rehabilitación “Shaddai”, ubicado en Culiacán, es el séptimo hecho de este tipo registrado en la entidad. La agresión dejó un número aún no confirmado de víctimas y heridos, según informaron autoridades locales.
Durante su conferencia semanal, Rocha Moya señaló que el incidente forma parte de una serie de ataques similares a centros de tratamiento contra adicciones ocurridos en distintas regiones del estado. “Es el séptimo caso que se tiene registrado”, declaró el mandatario sin detallar el periodo en que se han acumulado estos eventos.
El ataque se registró el sábado 6 de abril en las instalaciones del centro “Shaddai”, donde sujetos armados ingresaron al lugar y abrieron fuego. Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la zona tras recibir reportes de disparos. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha emitido un informe oficial sobre el número de víctimas.
El gobernador agregó que ya se ha solicitado información detallada a las corporaciones de seguridad estatales y federales, así como a la Fiscalía estatal, para avanzar en la investigación. Rocha Moya indicó que se mantendrá vigilancia en este tipo de establecimientos debido a la reincidencia de los hechos violentos.
Aunque el motivo del ataque aún no ha sido confirmado, autoridades han señalado que algunos centros de rehabilitación han operado sin los permisos correspondientes, lo que los ha convertido en blanco de grupos delictivos. El mandatario estatal no confirmó si “Shaddai” se encuentra regularizado.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado anunció que reforzará los operativos en centros de atención para personas con adicciones en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, como medida preventiva. También se llevará a cabo una revisión del estatus legal de estos centros en todo el estado.
La Fiscalía estatal continúa con las indagatorias para identificar a los responsables del ataque. Mientras tanto, familiares de los internos exigen mayores garantías de seguridad y supervisión por parte de las autoridades estatales.
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