El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió un procedimiento para analizar si en México se cometen desapariciones forzadas en un contexto generalizado o sistemático. La medida se enmarca en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, la cual fue firmada por México.
El procedimiento se activó tras recibir una denuncia relacionada con el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde presuntamente se reclutó y desapareció a personas de manera forzada. A partir de esta denuncia, el Comité solicitará al Estado mexicano toda la información pertinente para determinar si existe dicho contexto de desapariciones.
En caso de reunir los elementos necesarios, el Comité podrá presentar el caso ante la Asamblea General de la ONU a través del secretario general, António Guterres. Olivier de Frouville, presidente del Comité, señaló que existen “informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México o bajo jurisdicción de México”.
El Comité precisó que esta solicitud de información no prejuzga sobre el resultado del procedimiento, y subrayó que se busca mantener una relación de cooperación y diálogo con el Estado mexicano. “Nuestro objetivo común no es sino la aplicación íntegra de la Convención”, afirmó De Frouville.
En sus observaciones, el Comité identificó diez prioridades que México debe atender para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de las instituciones de búsqueda, la mejora en la coordinación entre autoridades, y la eliminación de obstáculos para la judicialización de los casos.
Otras recomendaciones incluyen atender desapariciones en contextos migratorios, enfrentar la crisis forense, y facilitar procesos de búsqueda, verdad y reparación con enfoque diferencial. También se destaca la necesidad de proteger a los servidores públicos que participan en investigaciones y mejorar los registros oficiales sobre personas desaparecidas.
La respuesta del Estado mexicano será fundamental para determinar los pasos siguientes del procedimiento. El Comité insistió en que la transparencia y la cooperación serán claves para abordar esta problemática conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
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