La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados votó en contra del dictamen de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, impulsado por Morena. De acuerdo con los legisladores priistas, la reforma centraliza las compras gubernamentales, reduce la transparencia en contrataciones y limita la participación de micro, pequeñas y medianas empresas.
El diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, argumentó que la ley permitirá discrecionalidad en las compras públicas, al tiempo que favorece a proveedores cercanos al gobierno. Además, señaló que la exclusión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de su cumplimiento fomentará la falta de transparencia en contratos y adquisiciones.
Entre los puntos que el PRI considera problemáticos está la eliminación del sistema Compranet, plataforma utilizada para la transparencia en licitaciones. De acuerdo con los legisladores, su sustitución por un mecanismo bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría Anticorrupción permitiría una selección discrecional de proveedores.
Asimismo, la reforma establece que sólo podrán participar en ciertos procesos las empresas certificadas por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), órgano que, según el PRI, está controlado por Morena. En consecuencia, las pequeñas y medianas empresas que no cuenten con dicha certificación enfrentarán dificultades para acceder a contratos gubernamentales.
Otro punto de controversia es la reducción de la participación de testigos sociales en procesos de adquisición. La reforma establece que estos solo podrán intervenir en licitaciones que superen los 565.7 millones de pesos, lo que, según los opositores a la ley, limita la vigilancia ciudadana y facilita la discrecionalidad en compras de menor escala.
En la sesión ordinaria, el diputado priista Luis Gerardo Sánchez cuestionó el modelo de adquisición consolidada que propone la reforma. Según el legislador, esta modalidad, en la que se agrupan compras de diversas instituciones en un solo contrato, podría derivar en monopolios y falta de competencia en la asignación de recursos públicos.
Por su parte, los legisladores de Morena defendieron la reforma argumentando que permitirá reducir costos en adquisiciones gubernamentales y mejorar la eficiencia en el gasto público. Sin embargo, el PRI sostiene que la medida no garantiza una mejor administración de los recursos y que, por el contrario, representa un riesgo para la transparencia y la equidad en la contratación pública.
La reforma fue aprobada en lo general con el respaldo de la mayoría de Morena y sus aliados, mientras que el PRI advirtió que continuará impugnando los cambios, al considerar que vulneran los principios de competencia y rendición de cuentas en el gasto gubernamental.
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