El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, abre la puerta a la opacidad y la corrupción. Durante su intervención en tribuna, advirtió que las modificaciones eliminan controles en las compras gubernamentales y favorecen las adjudicaciones directas, lo que —a su juicio— equivale a dar «licencia para robar».
El legislador recordó que en 2020 se realizaron cambios similares a la ley con el argumento de agilizar la compra de insumos durante la pandemia de COVID-19, lo que derivó en adquisiciones sin licitación a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Según sus cálculos, esas compras representaron un gasto de 300 mil millones de pesos y no garantizaron el abasto oportuno de medicamentos, lo que —sostuvo— contribuyó a la alta mortalidad en el país.
Con base en cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ramírez Barba afirmó que México tuvo la tasa de mortalidad más alta por COVID-19, con 400 muertes por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con su análisis, al menos 480 mil fallecimientos pudieron haberse evitado si el gobierno hubiera aplicado estrategias más eficientes en la adquisición de insumos médicos.
El diputado también alertó sobre la falta de transparencia en la compra de medicamentos para los años 2025 y 2026. Detalló que, según datos oficiales, el 68% de las adquisiciones para 2025 se realizaron por adjudicación directa, con un costo de 71 mil 409 millones de pesos, mientras que para 2026 el porcentaje es del 61%, lo que equivale a 60 mil 772 millones de pesos. «Morena institucionaliza la opacidad con esta reforma», acusó.
Otro punto que criticó fue la desigual distribución de los recursos en salud. Con base en información de la Secretaría de Hacienda, denunció que en 2024 se asignaron 13 mil 410 millones de pesos a la Ciudad de México, mientras que estados como Veracruz y Morelos recibieron solo 10.5 y 6 millones de pesos, respectivamente. “Los demás estados que se frieguen”, expresó, citando irónicamente una declaración previa en el Congreso.
A pesar de la oposición de Ramírez Barba y su bancada, el dictamen fue aprobado con el voto de Morena y sus aliados, y turnado al Senado para su discusión. La bancada oficialista argumentó que las modificaciones permitirán mayor eficiencia en el gasto público, mientras que el PAN y otros partidos opositores anticiparon que impugnarán la reforma por considerarla un retroceso en la transparencia y la rendición de cuentas.
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