El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, defendió la decisión de su bancada en la votación del dictamen sobre la solicitud de desafuero y la ley de seguridad, argumentando que enviar el tema a comisiones habría significado su congelamiento. Durante una conferencia de prensa el 26 de marzo de 2025, Moreira explicó que su partido optó por votar en favor para evitar que el proceso quedara detenido.
El legislador afirmó que, de haber sido enviado a la Comisión Instructora, la gobernadora de Morelos no habría presentado las denuncias adicionales que existen en contra del funcionario involucrado. “Mandarlo a comisiones era protegerlo”, señaló Moreira, al tiempo que cuestionó que algunos actores políticos no lo hayan entendido de esa manera.
En materia de seguridad, Moreira adelantó que su bancada votará en contra de la ley de inteligencia, debido a que permitiría a la Secretaría de Seguridad acceder a información personal sin autorización judicial. “El artículo 8 faculta al secretario para obtener registros telefónicos y ubicación sin intervención de un juez”, explicó. También criticó la postura de Movimiento Ciudadano por apoyar la iniciativa en comisiones.
El diputado priista destacó que la ley de seguridad elimina registros sobre actos de tortura y que el artículo 7 implicaría una mayor militarización del país, al establecer que la Guardia Nacional quede bajo el mando del Ejército. “La oposición no puede respaldar eso”, enfatizó. Asimismo, exigió que la presidenta de la República presente la Estrategia Nacional de Seguridad antes de discutir la legislación.
Sobre las especulaciones en torno a una alianza entre el PRI y Morena, Moreira negó cualquier acuerdo político con el partido en el poder. “No nos interesa estar con un partido que ha destruido al Poder Judicial”, afirmó. También reiteró que la decisión de su bancada obedeció a la necesidad de que las investigaciones en Morelos continúen sin obstáculos.
Al abordar el tema de datos biométricos, el coordinador priista advirtió sobre el posible uso indebido de información personal por parte del gobierno. “El CURP se está convirtiendo en una trampa que podría reemplazar la credencial de elector”, aseguró. Además, señaló que la recopilación de registros telefónicos podría derivar en el uso indebido de datos ciudadanos.
Finalmente, Moreira exigió la comparecencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, antes de que se apruebe la ley. Según el diputado, el funcionario debe explicar por qué se pretende concentrar información sensible de los ciudadanos sin mecanismos de control judicial. “No podemos votar a favor de una ley que persigue a los ciudadanos libres”, concluyó.
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