El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para tipificar y castigar con penas de hasta 140 años de prisión el reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos.
De acuerdo con la propuesta, se busca reformar el Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La iniciativa argumenta que el reclutamiento forzado es una de las principales formas de captación de integrantes para el crimen organizado en el país.
El diputado Téllez Hernández señaló que anualmente entre 35,000 y 45,000 menores de edad son reclutados por organizaciones criminales en México. Además, indicó que en los últimos seis años la cifra de personas desaparecidas ha aumentado en un 100 %, alcanzando más de 124,000 casos.
La iniciativa propone penas de 80 a 140 años de prisión para quienes recluten, capten o incorporen a menores en actividades delictivas. Asimismo, se plantea la inclusión del reclutamiento ilícito en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la obligación de las procuradurías de protección de menores de intervenir en los procesos judiciales relacionados con estos casos.
En su intervención, el legislador panista también mencionó casos documentados en los que servidores públicos o exfuncionarios han sido vinculados con grupos criminales. Destacó un testimonio en el que se acusa a la exalcaldesa de Chilpancingo de facilitar el reclutamiento de menores en Guerrero.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y organizaciones como World Vision han alertado sobre el impacto del reclutamiento infantil en la violación de derechos humanos y el desarrollo de la niñez. La propuesta legislativa también busca alinear la legislación mexicana con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y discusión en la Cámara de Diputados.
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