La justicia de Perú inició el martes un juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión, en un caso sin precedentes para un exjefe de Estado peruano.
El Ministerio Público sostiene que Castillo intentó disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022 para evitar una votación que buscaba su destitución por «permanente incapacidad moral». Sin embargo, su plan fracasó, ya que el Legislativo lo destituyó de inmediato. Posteriormente, Castillo fue detenido y enviado a prisión, mientras que su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder. Su remoción generó tres meses de protestas en la región andina, con un saldo de 50 civiles fallecidos.
Castillo compareció ante el tribunal con 30 minutos de retraso, escoltado por un guardia carcelario. Sin abogado, los jueces le asignaron un defensor de oficio. Vestía una camisa blanca y no llevaba corbata. En redes sociales, el exmandatario calificó el juicio de «pantomima» y argumentó que una de las juezas del tribunal, Norma Carbajal, había adelantado opinión sobre su caso, motivo por el cual solicitó su recusación.
“Jamás he cometido el delito de rebelón. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso político”, declaró Castillo en su defensa. Su breve mandato, de 16 meses, estuvo marcado por la inestabilidad, con cinco cambios de gabinete y más de 60 modificaciones en cargos ministeriales. Antes de su destitución, sobrevivió a dos intentos previos de remoción.
Además de este proceso, Castillo enfrenta una investigación por presuntos actos de corrupción durante su gobierno, incluyendo ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la adjudicación de un proyecto para la construcción de un puente sin respetar las bases del concurso.
La audiencia se llevó a cabo en un tribunal instalado dentro de una base policial que también alberga una cárcel para expresidentes. Castillo se encuentra en prisión preventiva desde el mismo día en que intentó disolver el Congreso. En aquella ocasión, tras ser destituido, intentó salir del palacio presidencial con su familia, pero fue detenido antes de lograr su objetivo. Su esposa e hijos obtuvieron asilo en la embajada de México.
Junto con Castillo, también serán juzgados la ex primera ministra Betssy Chávez, el exasesor Aníbal Torres y el exministro del Interior Willy Huerta. La fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Chávez y Huerta, y 15 años para Torres, de 82 años.
Las elecciones presidenciales en Perú están previstas para 2026. Mientras tanto, Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución de Castillo, lleva poco más de dos años en el cargo.
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