La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su gobierno ampliará la demanda en Estados Unidos contra empresas productoras de armas, acusándolas de complicidad con grupos del crimen organizado. La acción legal será presentada próximamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente.
“Va a haber además una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina. Explicó que esta decisión responde a la resolución del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señala que el 74% de las armas incautadas en México provienen de ese país.
La mandataria indicó que el argumento central de la ampliación de la demanda es la reciente designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense. “Dado este nombramiento, tiene que haber un vínculo entre quien le vende las armas a estos grupos delictivos”, declaró.
Estados Unidos incluyó en la lista de organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos. Además, agregó a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
Sheinbaum también anunció que enviará una iniciativa de reforma constitucional para modificar los artículos 19, 39 y 40 de la Constitución. No especificó los cambios que propondrá, pero mencionó que están relacionados con la decisión del gobierno estadounidense de catalogar a los cárteles como grupos terroristas.
El gobierno mexicano ha mantenido una postura firme contra el tráfico de armas, argumentando que su disponibilidad en Estados Unidos facilita el armamento de organizaciones criminales en México. La demanda inicial contra fabricantes de armas fue presentada en 2021, pero enfrentó obstáculos legales en tribunales estadounidenses.
Con esta nueva acción legal, México busca responsabilizar a las empresas armamentísticas por su papel en la violencia generada por el crimen organizado, reforzando su postura de que el tráfico de armas debe ser combatido en ambos lados de la frontera.
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