La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este miércoles un informe en el que señala que México enfrenta una impunidad casi total en homicidios, con más de nueve de cada 10 casos sin castigo. El reporte advierte que la presidenta Claudia Sheinbaum heredó un país con altos niveles de violencia y falta de justicia, además de expresar preocupación por la militarización y la reforma judicial.
El documento, titulado Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios, destaca que el país tiene una tasa de 28 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cifra superior a la media de América (15) y a la de Colombia (25.7) y Brasil (21.3). Además, se estima que la cifra real podría ser mayor debido a la desaparición de más de 94 mil personas desde 2007.
Durante la presentación del informe en la Ciudad de México, Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, criticó la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), afirmando que «la política de abrazos, no balazos redundó en actitudes omisivas, dejando a las comunidades desprotegidas frente a grupos del crimen». Agregó que, aunque Sheinbaum ha anunciado cambios en la estrategia de seguridad, la organización sigue preocupada por el impulso a la militarización y la reforma al Poder Judicial.
HRW documentó que, entre 2010 y 2022, las fiscalías estatales abrieron aproximadamente 300 mil investigaciones por homicidio doloso, pero solo en 51 mil casos identificaron a un sospechoso, lo que representa una tasa de esclarecimiento del 17%. Además, entre 2016 y 2021, solo se emitieron siete sentencias condenatorias por cada 100 investigaciones abiertas.
Sheinbaum asumió la presidencia tras un sexenio en el que se registraron más de 196 mil homicidios dolosos, según cifras oficiales. En 2024, los asesinatos aumentaron un 1.2% respecto al año anterior, con 30 mil 57 casos. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de su gobierno, el promedio diario de homicidios bajó a 76.5 víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
HRW también expuso el caso de Pascuala López, una mujer indígena cuyo hijo Mateo fue asesinado en Chiapas tras negarse a colaborar con el crimen organizado. Según el informe, las autoridades fabricaron cargos para encarcelar al esposo de López mientras la familia buscaba justicia. “Me duele, soy una madre indígena, no sé leer, no sé mucho español, pero me gusta alzar la voz”, expresó López.
Tyler Mattiace, investigador de HRW, explicó que muchas víctimas y testigos temen denunciar debido a posibles represalias. “El mayor reto en las investigaciones de la mayoría de los homicidios es que las personas tienen muchísimo miedo de participar”, señaló.
Finalmente, HRW presentó cinco recomendaciones para mejorar la justicia penal en México: fortalecer la coordinación entre autoridades, mejorar las capacidades de investigación, establecer planes estratégicos de persecución penal, proteger a víctimas y testigos, y reforzar los mecanismos de control interno en las fiscalías.
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