Los diputados federales Rubén Moreira y Christian Castro Bello han solicitado al Tribunal Superior Agrario (TSA) dejar sin efecto el Acuerdo 2/2025, que propone la desaparición del Tribunal Unitario Agrario 34A, ubicado en la ciudad de Campeche. Esta solicitud se fundamenta en los efectos adversos que, según los legisladores, tendría el cierre de la sede, especialmente para los campesinos de la región, quienes dependen de este tribunal para la resolución de conflictos agrarios.
Moreira y Castro Bello argumentaron que la decisión de cerrar el Tribunal 34A afectará a más de 600 casos agrarios pendientes de resolución en el estado. Aseguraron que, si se concreta el cierre, los campesinos de los 13 municipios de Campeche deberán trasladarse a tribunales en Mérida, Villahermosa o Chetumal, lo que incrementará significativamente los costos y tiempos de los procesos judiciales. Esta situación dificultaría aún más el acceso a la justicia para los trabajadores del campo.
Los legisladores advirtieron que la centralización de los casos en otras ciudades no solo afectaría a los campesinos en términos de desplazamiento y costos adicionales, sino que también pone en riesgo el empleo de los trabajadores del Tribunal Unitario Agrario 34A. Según los diputados, el cierre de la sede podría implicar despidos y un retraso en la resolución de los casos agrarios pendientes.
En un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, los miembros del Grupo Parlamentario del PRI destacaron que la medida también ignora las particularidades de las necesidades agrarias de Campeche. La centralización de los tribunales agrarios en otras ciudades aumentaría la carga económica para los campesinos, quienes tendrían que afrontar gastos adicionales como alimentación, hospedaje y, en algunos casos, el cambio de representación legal.
Los diputados priistas también señalaron que los campesinos de la región han expresado su rechazo a la medida a través de movilizaciones, exigiendo la permanencia del Tribunal Unitario Agrario 34A. La protesta ha sido convocada en respuesta al anuncio de que el tribunal cerrará sus operaciones a partir del 31 de enero de 2025.
Ante este panorama, Moreira y Castro Bello solicitaron una resolución urgente del TSA para que se revoque el Acuerdo 2/2025 y se garantice el funcionamiento del Tribunal Unitario Agrario 34A. La medida, señalaron, es fundamental para garantizar el acceso efectivo a la justicia agraria para las y los campesinos del estado de Campeche.
Finalmente, los legisladores pidieron que la decisión sea reconsiderada con base en las necesidades de los campesinos, la geografía del estado y la importancia de mantener un acceso justo y cercano a la justicia para la resolución de los conflictos agrarios.
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