El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que emitirá una orden ejecutiva para declarar emergencia nacional en la frontera con México, con el objetivo de endurecer la vigilancia y frenar el flujo de migrantes indocumentados, así como las actividades de grupos delictivos. Este anuncio se realizó durante la ceremonia de su toma de protesta como el presidente número 47 del país.
La medida permitirá al Departamento de Defensa desplegar efectivos militares y miembros de la Guardia Nacional en los puntos más críticos de la frontera. Según fuentes de la Casa Blanca citadas por la cadena NBC, la orden ejecutiva no requiere aprobación del Congreso, lo que asegura su aplicación inmediata. Sin embargo, no se detalló el número de tropas que serán movilizadas ni el presupuesto que se destinará a esta operación.
Trump también confirmó la reimplementación del programa “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras sus casos son procesados en Estados Unidos. Además, buscará eliminar programas humanitarios y aplicaciones tecnológicas utilizadas para gestionar citas y solicitudes migratorias, como CBP One, lo que podría dificultar aún más el acceso a vías legales de migración.
En su discurso inaugural, Trump reiteró su postura contra la migración irregular, calificando el fenómeno como una “invasión” y asegurando que deportará a “millones y millones” de personas en situación irregular. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de 2023, aproximadamente 11 millones de migrantes viven de manera indocumentada en Estados Unidos.
La Casa Blanca también confirmó que el gobierno trabajará para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una medida que podría afectar directamente a los hijos de migrantes nacidos en territorio estadounidense. Estas acciones forman parte de una agenda más amplia para restringir la migración, alineada con las promesas de campaña del presidente.
Organizaciones defensoras de derechos de los migrantes han expresado preocupación ante estas decisiones, advirtiendo sobre posibles violaciones a los derechos humanos y el impacto en los migrantes vulnerables, incluidos aquellos provenientes de países como Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, beneficiarios de programas humanitarios que ahora están en riesgo de desaparecer.
El gobierno de México aún no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a estas medidas. Sin embargo, se prevé que estas acciones tensen aún más las relaciones bilaterales y generen desafíos adicionales en la gestión de la migración en la región.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.