La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) informó que el análisis de las reformas a la Ley del Infonavit se pospondrá hasta febrero de 2025. Este acuerdo fue alcanzado con líderes legislativos para abrir un espacio de diálogo con los sectores involucrados.
El Senado aprobó las reformas el pasado 13 de diciembre. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que se estudiarán a fondo para asegurar una “discusión civilizada entre empresarios, trabajadores y la sociedad civil”. Se prevé que el debate y la eventual votación ocurran en febrero del próximo año.
Según Alejandro Malagón, presidente de la Concamin, este tiempo adicional permitirá fortalecer las propuestas del sector industrial y asegurar que las modificaciones atiendan tanto las necesidades de los trabajadores como de las empresas.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó preocupación por el contenido de las reformas. Advirtió que los cambios podrían afectar el equilibrio de la toma de decisiones dentro del Infonavit al dar mayor control al gobierno. “Es inaceptable que los ahorros de los trabajadores puedan utilizarse para fines ajenos a sus intereses”, subrayó la Coparmex en un comunicado.
El organismo empresarial insistió en mantener el tripartismo paritario como eje del Infonavit, donde trabajadores, empresarios y gobierno tienen igual representación. También destacó la importancia de proteger los fondos de los trabajadores y evitar decisiones unilaterales que puedan perjudicarlos.
La Coparmex reconoció la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Ricardo Monreal para garantizar una revisión minuciosa. “Esto permitirá un debate amplio y responsable entre trabajadores, empleadores y gobierno, sin apresuramientos que puedan poner en riesgo los derechos de los trabajadores”, señaló.
Las agrupaciones empresariales han reiterado su compromiso de defender que los recursos del Infonavit sigan siendo propiedad exclusiva de los trabajadores y se utilicen únicamente para su beneficio. El objetivo es que cualquier reforma respete y proteja los intereses de quienes generan estos fondos.
El proceso de debate en 2025 buscará equilibrar las demandas del sector empresarial, los derechos laborales y la administración gubernamental del Infonavit.
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