El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha accedido a levantar la ley marcial que había decretado recientemente, luego de que la Asamblea Nacional votara en contra de la medida en una sesión extraordinaria marcada por escenas de caos. La polémica ley, instaurada con el objetivo de «erradicar a las fuerzas afines a Corea del Norte», fue rechazada por el legislativo, lo que obligó al mandatario a aceptar la decisión del Parlamento.
En un discurso a la nación desde la residencia presidencial en Seúl, Yoon Suk Yeol expresó su conformidad con la votación, subrayando que las tropas desplegadas bajo la ley marcial han sido retiradas. «He aceptado la decisión tomada por la Asamblea Nacional», afirmó el presidente, quien añadió que la medida había sido implementada para hacer frente a lo que consideraba «fuerzas antiestatales» que buscaban «paralizar las funciones esenciales» del Estado.
La ley marcial fue anunciada en un contexto de creciente tensión política, después de que el Parlamento aprobara una controvertida medida presupuestaria y presentara mociones de destitución contra altos funcionarios del gobierno. Yoon acusó a la oposición de simpatizar con el régimen de Corea del Norte, lo que derivó en su decisión de declarar el estado de emergencia.
El rechazo parlamentario a la ley marcial tuvo lugar en medio de un clima de desorden, con fuertes protestas tanto dentro como fuera del edificio del legislativo. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Park An Soo, había intentado anular cualquier tipo de actividad política, lo que generó más tensión en el país.
De acuerdo con la Constitución surcoreana, el presidente tiene la facultad de decretar la ley marcial por «necesidades militares» o para «mantener la seguridad y el orden público», pero también debe notificar dicha decisión a la Asamblea Nacional. Si el Parlamento lo exige, el mandatario debe dar marcha atrás, como sucedió en esta ocasión.
A pesar de la aceptación de la votación, Yoon instó a la Asamblea Nacional a «detener las acciones» que consideró estaban «paralizando la función del Estado», tales como «juicios políticos» y «manipulación legislativa y presupuestaria». Este episodio marca un punto álgido en la política interna de Corea del Sur, con una confrontación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo que aún podría tener repercusiones en la estabilidad del gobierno de Yoon.
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