El Senado de la República aprobó reformas constitucionales que eliminarán siete órganos autónomos y transferirán sus funciones a diversas dependencias del Gobierno Ejecutivo. Entre los organismos que dejarán de existir se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
La reforma, impulsada por la bancada de Morena, fue calificada como una medida de “simplificación orgánica” por el partido oficialista. Sin embargo, el debate se centró principalmente en el INAI, que ha sido un actor clave en la defensa de la transparencia gubernamental. La senadora morenista Malu Micher afirmó que este instituto ha utilizado recursos públicos de manera inapropiada, mencionando que sus comisionados viajaron a varios países, como Francia, Londres y Buenos Aires, utilizando fondos públicos.
Por otro lado, la oposición criticó la desaparición de estos órganos, argumentando que se trata de una estrategia para concentrar el poder en el Ejecutivo y eliminar los contrapesos al gobierno. El senador por el PAN, Ricardo Anaya señaló que el objetivo es acabar con la transparencia, ya que gobiernos pasados han sido obligados a revelar información sobre temas incómodos, como el fraude de Segalmex y el caso de las fosas clandestinas en Tamaulipas.
La reforma modifica varios artículos constitucionales y, además de la extinción del INAI y el IFT, establece la creación de un nuevo organismo que asumirá las funciones de estos dos, con independencia técnica y operativa. El nuevo organismo, que reemplazará a la COFECE y el IFT, estará vinculado al gobierno, pero contará con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La Secretaría de Energía asumirá las funciones de la CNH y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), encargándose de la regulación en el sector energético, incluyendo la capacidad de sancionar en materia de hidrocarburos y energía. Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) será sustituido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales.
Con la extinción de estos órganos, el Gobierno federal estima que se generarán ahorros que serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, mientras que los 4,422.2 millones de pesos solicitados por los organismos eliminados se redistribuirán a áreas como educación, cultura, seguridad y agua. Estos cambios aún deben ser aprobados por al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor.
Los artículos transitorios de la reforma también garantizan la protección de los derechos laborales de los servidores públicos que trabajaban en estos organismos. Se establece que estos empleados serán reubicados en las dependencias que asumirán las funciones de los órganos extintos.
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