María Elena «N», presidenta municipal de Amanalco, fue vinculada a proceso por su presunta participación como autora intelectual en el homicidio calificado del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer, Jerónimo Roque. Un juez del Poder Judicial del Estado de México dictó prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses y medio para la investigación complementaria.
La detención de la alcaldesa ocurrió el pasado viernes durante el «Operativo Enjambre», un dispositivo de seguridad coordinado entre autoridades estatales y federales para capturar a personas buscadas por delitos graves. Según la Fiscalía del Estado de México, el caso tiene su origen en diferencias intrapartidistas que habrían escalado hasta derivar en el asesinato de las víctimas.
Durante la audiencia del jueves, se presentó como evidencia un testimonio que indicó haber escuchado a la alcaldesa dar instrucciones telefónicas para llevar a cabo el homicidio, presuntamente motivado por disputas en el manejo de recursos públicos. La Fiscalía también mostró pruebas que indicaban que las víctimas fueron agredidas físicamente antes de ser asesinadas y abandonadas en un paraje de la región el 26 de enero de 2023.
La investigación señala que María Elena «N» habría mantenido vínculos con integrantes de la delincuencia organizada, utilizando su posición para alertar sobre operativos y gestionar recursos municipales en beneficio de estos grupos. De acuerdo con la Fiscalía, parte del presupuesto de obras y un porcentaje de la nómina municipal presuntamente se destinaban a financiar actividades delictivas.
Asimismo, se detalló que las decisiones administrativas en Amanalco se dividían entre la alcaldesa y el síndico asesinado, pero las disputas por el control de los recursos habrían agudizado el conflicto. Las reuniones clave para coordinar estas actividades ilícitas supuestamente se realizaban en el municipio de Luvianos.
En respuesta, la defensa de la alcaldesa, encabezada por Alexander Becerril, expresó su desacuerdo con la decisión del juez y afirmó que analizarán la posibilidad de apelar. «Respetamos la resolución, pero consideramos que las pruebas no acreditan una responsabilidad clara. El caso se investiga desde enero de 2023, lo que hace excesiva esta resolución», declaró el abogado.
Por el momento, María Elena «N» permanecerá recluida en un penal femenil mientras avanza la investigación.
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