Cada 25 de noviebre (25N) se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; instaruado desde 1993 por la Asamblea General de la ONU.
La violencia contra las mujeres en México persiste como un problema estructural que afecta a millones de mujeres y niñas, según reportes recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); y la Red Nacional de Refugios.
El 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han enfrentado al menos un episodio de violencia en su vida. Este fenómeno incluye violencia psicológica (51.6%), sexual (49.7%), económica (16.2%) y física (10.2%).
Las cifras de feminicidios son especialmente preocupantes. En 2022, se registraron 968 feminicidios, un aumento del 127% en comparación con 2015. Cada día, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas en el país, y una proporción significativa de estos crímenes está motivada por razones de género. Este incremento refleja no solo la gravedad del problema, sino también la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades.
La violencia sexual también muestra cifras alarmantes. En 2022, las llamadas de emergencia relacionadas con violencia sexual ascendieron a 6,977, lo que representa un aumento del 13.1% respecto al año anterior. Estos incidentes son parte de una tendencia más amplia que incluye la violencia en el ámbito familiar, donde el 39.9% de las mujeres ha reportado agresiones por parte de su pareja.
Para muchas mujeres, la violencia extrema las obliga a buscar refugio. En 2023, más de 24,000 mujeres y sus hijos recurrieron a refugios debido a agresiones machistas. La Red Nacional de Refugios reportó un incremento del 75% en la demanda de sus servicios, lo que evidencia la creciente necesidad de espacios seguros para las víctimas. Desde su creación, esta red ha atendido más de 190,000 llamadas, con un promedio mensual de 8,672 solicitudes de ayuda.
A pesar de este panorama, algunos indicadores reflejan avances en la percepción de seguridad en ciertos estados. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el porcentaje de mujeres que se sienten inseguras en la Ciudad de México disminuyó del 70.7% en 2020 al 51.5% en 2024. Sin embargo, este progreso contrasta con los desafíos que enfrentan muchas víctimas para acceder a servicios de apoyo, refugios y justicia.
En el ámbito judicial, el primer semestre de 2024 registró más de 100,000 órdenes de protección, y 232 agresores fueron arrestados por incumplir estas medidas. Además, se vincularon a proceso a más de 15,135 agresores, lo que representa un aumento significativo en la persecución de delitos relacionados con violencia de género. Sin embargo, estos avances no siempre se traducen en mejoras tangibles para las víctimas, quienes frecuentemente enfrentan barreras para recibir apoyo integral.
Las organizaciones civiles han señalado que las deficiencias en la implementación de órdenes de protección y la falta de recursos para las víctimas son problemas persistentes. Esto pone en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas para garantizar el acceso a justicia, la atención a víctimas y la sanción efectiva de los agresores.
El desafío de erradicar la violencia contra las mujeres en México requiere un enfoque integral que involucre tanto al gobierno como a la sociedad civil. La prevención, la educación y la sensibilización son herramientas clave para combatir esta problemática desde su raíz. Al mismo tiempo, la atención inmediata a las víctimas y el fortalecimiento del marco legal e institucional son fundamentales para construir un país donde las mujeres puedan vivir libres de miedo y violencia.
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