La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que elimina siete organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha generado dudas sobre el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), herramienta fundamental para la ciudadanía.
La PNT, creada en 2016, alberga alrededor de 15 millones de archivos relacionados con contratos, licitaciones, salarios y otros datos de interés público. Según Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, esta información está en riesgo de desaparecer, ya que la reforma no contempla qué sucederá con esta plataforma tras la disolución del organismo que la administra.
“La Plataforma Nacional de Transparencia no puede ni debe pasar al Poder Ejecutivo porque solo una parte de su operación le pertenece. Es fundamental que la información contenida en ella se mantenga pública”, expresó Del Río. La comisionada enfatizó que la pérdida de estos datos representaría un retroceso en la transparencia y la rendición de cuentas en México.
Actualmente, la PNT permite a los ciudadanos consultar información que, por ley, las instituciones públicas están obligadas a divulgar. Además, ofrece la posibilidad de presentar solicitudes temáticas y levantar quejas si no son atendidas. Desde 2023, amplió su accesibilidad mediante una aplicación móvil y la opción de hacer solicitudes por teléfono.
Entre las herramientas más utilizadas de la plataforma se encuentran los buscadores temáticos que organizan la información por género, sueldos, contratos, servidores públicos sancionados y uso del presupuesto, facilitando su acceso para usuarios de diferentes perfiles.
El destino de la PNT se suma a la lista de incertidumbres tras la aprobación de esta reforma, que Morena, PT y el Partido Verde impulsaron con 332 votos a favor frente a 119 en contra de las bancadas de oposición. Ahora, el Senado deberá analizar y debatir la minuta.
Mientras tanto, expertos y defensores de la transparencia alertan sobre las posibles implicaciones de desarticular una herramienta que ha sido clave para garantizar el acceso a la información y fortalecer la rendición de cuentas en el país.
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