Las empresas constructoras privadas tienen proyectada una inversión de seis billones de pesos en infraestructura durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, según anunció Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Este monto, que podría alcanzar los siete billones de pesos dependiendo de factores como el crecimiento económico, la certidumbre jurídica y la seguridad, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de proyectos clave en todo el país hasta 2030.
De acuerdo con la estimación de la CMIC, las empresas del sector privado serán responsables de aproximadamente el 60 por ciento de la inversión total en infraestructura, con un monto cercano a los seis billones de pesos. En el primer año de la administración de Sheinbaum, las constructoras privadas destinarán un billón de pesos a proyectos de infraestructura, de los cuales el 65 por ciento se destinará a edificación, 20 por ciento a obras de ingeniería civil, y el resto a trabajos especializados. El gobierno federal, por su parte, aportará el 40 por ciento restante.
A pesar de la reducción en los recursos públicos destinados a infraestructura, la iniciativa privada se muestra optimista con el Paquete Económico de 2025, que contempla un presupuesto de 849 mil millones de pesos para infraestructura física, de los cuales 542 mil millones se asignarán a obra pública. Aunque esta cifra representa una disminución del 10 por ciento en términos reales respecto al presupuesto de este año, Méndez Jaled destacó el incremento en el presupuesto para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo cual es visto como una señal positiva por el sector.
Dentro de las oportunidades para la inversión privada, se encuentran los proyectos ferroviarios, de los cuales solo tres se asignarán al Ejército, mientras que la mayoría estarán abiertos para la participación de empresas del sector privado. Además, la industria considera que los cien parques industriales propuestos por el gobierno para promover el nearshoring serán en su mayoría desarrollados por la iniciativa privada, aprovechando las ventajas competitivas y la infraestructura necesaria para consolidar estos proyectos.
Sin embargo, el sector también enfrenta varios retos. Méndez Jaled advirtió que, con la inversión proyectada, el porcentaje destinado a infraestructura será equivalente al 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, cuando se necesitaría al menos entre el 5 y 6 por ciento para impulsar un verdadero crecimiento en el sector. Además, señaló que el crecimiento económico estimado para este sexenio, entre el 2 y 3 por ciento, podría ser insuficiente si las expectativas de las calificadoras y las instituciones privadas se cumplen.
Otro desafío que podría afectar la inversión es la inseguridad en diversas regiones del país, así como la falta de certidumbre en el Estado de Derecho. La reforma judicial aprobada recientemente podría desincentivar la participación de las empresas en Asociaciones Público-Privadas (APP), lo que representaría un obstáculo para el desarrollo de proyectos clave. A pesar de estos retos, la industria de la construcción sigue confiando en las oportunidades que ofrece el gobierno en términos de inversión en infraestructura y en los beneficios que traerán para la economía nacional.
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