Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron la iniciativa para eliminar del Código Penal local el delito de aborto, aun cuando se realice después de las 12 semanas de gestación. Con 15 votos a favor y seis en contra, el dictamen avanza hacia el pleno del Congreso capitalino para su discusión y posible aprobación definitiva.
La diputada Valentina Batres, impulsora de la propuesta, subrayó que las reformas buscan evitar la criminalización de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. “Se trata de que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre su vida y cuerpo sin ser sancionadas penalmente”, señaló. Batres aclaró que la reforma no implica modificar el consenso de 12 semanas como límite para realizar un aborto.
Esencialmente, la propuesta busca que las mujeres en periodo de gestación puedan interrumpir su embarazo de manera legal, pricipalmente por cuestiones médicas.
La diputada Yuriri Ayala, también defensora de la iniciativa, precisó que eliminar la sanción penal no es lo mismo que promover el aborto sin restricciones. “Lo que se pretende es asegurar que las mujeres tengan acceso a servicios de aborto seguros, accesibles y al alcance de todas, para que el derecho a decidir se ejerza de manera informada y responsable”, explicó.
En contraste, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron su oposición a la propuesta. La diputada América Alejandra Rangel Lorenzana lamentó que las comisiones no consideraran las propuestas de las asociaciones provida, que han presentado más de 30,000 firmas en respaldo a la protección del nasciturus.
Olivia Garza de los Santos, también del PAN, argumentó en favor de los derechos del “niño no nacido”, citando la Convención Americana de los Derechos Humanos y afirmando que el derecho a la vida debe protegerse desde la concepción.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, manifestó su respaldo a la iniciativa, recordando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha declarado inconstitucional la penalización del aborto. “No se está añadiendo ni quitando nada nuevo. La interrupción del embarazo no debe estar en el Código Penal, sino regularse a través de normas de salud,” explicó Brugada.
De aprobarse en el pleno, la Ciudad de México se sumaría a los esfuerzos por ajustar la legislación local en concordancia con el criterio de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto, garantizando un marco normativo que busque reducir los riesgos para la salud de las mujeres.
El dictamen se presentará al pleno del Congreso de la Ciudad de México en próximos días, donde se espera una intensa discusión entre quienes promueven el derecho a decidir de las mujeres y aquellos que defienden la protección de la vida desde la concepción.
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