En los 24 años de existencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se han reportado un total de 191 mil 569.5 millones de pesos en la administración pública federal sin justificar, y la mayor parte de ese monto corresponde al actual sexenio. Los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 106 mil 829.6 millones de pesos en gastos no solventados, cifra equivalente al presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es de 105 mil 838.7 millones de pesos.
Las cifras de irregularidades en el gasto bajo la administración de López Obrador superan las de los gobiernos anteriores. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los recursos pendientes de comprobar alcanzaron los 77 mil 382.9 millones de pesos. Sin embargo, los montos actuales no solo duplican esa cifra, sino que se dieron durante una gestión que había prometido erradicar la corrupción y el mal manejo de recursos.
De acuerdo con el Sistema Público de Consultas de Auditorías (SPCA), el mayor desfalco se encuentra en el gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno central envía a estados y municipios, que concentran 80 mil 416.1 millones de pesos sin justificar. A este le sigue el rubro de desarrollo económico, con 18 mil 547 millones, y el de desarrollo social, con 7 mil 237.4 millones de pesos en gastos no comprobados.
Uno de los casos más destacados es el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en el que se detectaron desfalcos por más de 15 mil millones de pesos. Esta cifra supera el monto de la «Estafa Maestra» durante el gobierno de Peña Nieto, que ascendió a 7 mil 600 millones. A pesar de estos elevados montos de gasto sin justificar, el sexenio de López Obrador muestra los índices más bajos de recuperación de recursos: solo 10 mil 467.5 millones de pesos han sido recuperados entre 2019 y 2023, en contraste con los 31 mil 170 millones recuperados en el sexenio anterior.
Comparativamente, durante el sexenio de Felipe Calderón se realizaron menos auditorías, pero se recuperaron más recursos, alcanzando un promedio de 6.5 millones de pesos recuperados por cada investigación. En el actual sexenio, el promedio de recuperación es de apenas 1.3 millones de pesos por auditoría, un indicador del retroceso en las capacidades de la ASF para corregir y sancionar los desvíos.
La ASF ha mostrado una disminución en el número de acciones emprendidas para exigir la comprobación de gastos o sancionar conductas ilícitas. Durante el gobierno de López Obrador, se han iniciado 25 mil 677 acciones, menos de la tercera parte de las 61 mil 232 que se llevaron a cabo en el sexenio de Peña Nieto. Esto representa una paradoja, ya que, aunque el monto de gastos sin justificar es más alto, las acciones correctivas de la ASF han disminuido, debilitando el control sobre el uso de los recursos públicos.
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