La reforma de «supremacía constitucional», que blinda modificaciones a la Constitución contra impugnaciones legales, fue avalada por 17 Congresos estatales tras haber sido turnada por la Cámara de Diputados. Esta medida establece la improcedencia de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo en contra de reformas a la Carta Magna, con lo cual se asegura que las modificaciones impulsadas por la mayoría en el Congreso de la Unión no puedan ser fácilmente revertidas.
La reforma incluye cambios al artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución, bajo la justificación de proteger las reformas de la llamada «Cuarta Transformación». La Secretaría de Gobernación celebró la aprobación en los Congresos de estados como Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México y Veracruz, destacando que el respaldo de estas legislaturas garantiza la entrada en vigor de los cambios.
La Cámara de Diputados dio su aval a esta reforma el 30 de octubre, tras un debate que duró aproximadamente diez horas. La votación culminó con 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención. Durante la discusión en lo general, legisladores de la oposición protestaron enérgicamente, sosteniendo que esta medida representa una amenaza para la democracia y el estado de derecho. Con pancartas, lápidas y veladoras, manifestaron su rechazo ante lo que calificaron como un “funeral de la Constitución”.
La reforma ha generado un intenso debate, ya que establece que las controversias o acciones legales que pudieran frenar futuras reformas serán declaradas improcedentes, blindando así los cambios constitucionales de posibles impugnaciones en el futuro. Con esto, el partido Morena y sus aliados aseguran que las políticas de la Cuarta Transformación se mantengan firmes, minimizando el riesgo de que las modificaciones sean invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta nueva disposición también tendría efectos retroactivos, lo que impediría que la SCJN pueda invalidar la reciente reforma al Poder Judicial, cuyo proyecto se discutirá el próximo mes en la Corte. La retroactividad ha sido otro de los puntos que preocupa a la oposición, al señalar que abre un precedente peligroso y limita la capacidad de los tribunales para revisar reformas polémicas.
La reforma logró la aprobación de estados clave, como Tamaulipas, Puebla y Baja California, entre otros, que aportaron los votos necesarios para alcanzar la mayoría requerida por la Constitución. Según la legislación mexicana, una enmienda constitucional necesita la aprobación de al menos 17 Congresos estatales para entrar en vigor.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados celebró el logro y destacó que este “es un paso más hacia la consolidación del proyecto de transformación”. Por su parte, los partidos de oposición han anunciado que presentarán recursos legales y estrategias para revertir o limitar los efectos de esta reforma, aunque reconocen que el nuevo marco jurídico hará cada vez más difícil la vía de la impugnación.
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