El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), defendió la actuación de las fuerzas armadas, asegurando que no hay una violación sistemática de los derechos humanos en las operaciones de seguridad pública. Su declaración se produce en un contexto de creciente preocupación por la legalidad de las acciones del Ejército, especialmente tras incidentes recientes, como el caso registrado en Culiacán, donde un joven fue baleado por soldados en un altercado que fue grabado por cámaras de seguridad.
Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, Trevilla fue cuestionado sobre el suceso en Culiacán, que resultó en la liberación del joven por falta de pruebas. El general subrayó que todos los operativos del Ejército son investigados tanto por autoridades militares como civiles. “Sistemáticamente no se violan los derechos humanos. En muchas ocasiones, el personal militar proporciona primeros auxilios a los heridos e incluso los evacua a hospitales cercanos”, afirmó, destacando la capacitación que reciben los soldados para respetar los derechos humanos.
Sin embargo, la Sedena enfrenta un historial cuestionable en cuanto a la legalidad de sus acciones. Uno de los incidentes más notorios fue la masacre de migrantes en Chiapas, ocurrida el 2 de octubre, que dejó seis muertos. Este hecho ha generado una fuerte crítica hacia la militarización de la seguridad pública bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Además, el pasado 21 de septiembre, un enfrentamiento en Culiacán resultó en la muerte de tres personas y dejó a dos militares heridos, lo que intensificó la discusión sobre la intervención militar en conflictos civiles.
La preocupación por los derechos humanos también se refleja en el caso de Michel Esquerra, quien denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que su esposo, Juan Carlos, fue asesinado por las Fuerzas Armadas mientras intentaba rescatarla a ella y a su bebé durante un enfrentamiento. Este tipo de testimonios ha llevado a un escrutinio más profundo de la actuación de las fuerzas armadas en situaciones de crisis.
La Guardia Nacional, ahora incorporada a la Sedena, ha sido objeto de críticas desde su creación en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Defensores de derechos humanos argumentan que la GN ha estado involucrada en numerosos incidentes de violencia, incluyendo asesinatos y otras violaciones al derecho internacional, lo que añade más presión sobre la Sedena en términos de rendición de cuentas.
Por su parte, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, apoyó la posición de la Sedena, afirmando que en todos los casos de agresiones entre militares y civiles se inician investigaciones de inmediato. “No hay un solo caso que no haya dado lugar a una carpeta de investigación, y varios militares han sido procesados”, declaró, en un intento por calmar las preocupaciones sobre la impunidad en la actuación de las fuerzas armadas.
Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum han sido criticados por la oposición por la militarización de la seguridad pública, al ceder al Ejército funciones tradicionalmente reservadas a la policía y al permitir que controle importantes infraestructuras, como aeropuertos y puertos. Esta situación ha generado un debate sobre el balance entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos en el país.
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