Las comisiones unidas del Senado aprobaron una reforma al artículo 123 constitucional que permitirá al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construir y arrendar vivienda social, otorgando créditos accesibles, especialmente dirigidos a jóvenes. Este proyecto, que obtuvo respaldo de Morena y sus aliados, así como de la oposición del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, será presentado al pleno del Senado en primera lectura mañana y el miércoles se someterá a discusión.
La propuesta incluye la construcción de hasta un millón de viviendas y plantea un nuevo esquema de arrendamiento para jóvenes, con mensualidades que no superen el 30% de su salario. El senador panista Ricardo Anaya expresó su respaldo a esta medida pero destacó que persisten dudas sobre la fuente de los 600 mil millones de pesos que el gobierno planea destinar a este programa, además de cuestionar qué porcentaje de estos fondos será no recuperable. “No sabemos de dónde se obtendrán estos recursos ni cómo impactarán en otros compromisos financieros del próximo año, como la desaceleración económica, las pérdidas de Pemex y el gasto social”, puntualizó Anaya.
Por su parte, el senador de Morena Manuel Huerta explicó que la medida pretende corregir el encarecimiento del crédito para vivienda social, que, en su opinión, ha sido resultado de la especulación financiera. “El gobierno debe ofrecer un crédito accesible, eliminando obstáculos y sin cargar costos elevados al trabajador”, señaló Huerta.
Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio defendió la importancia de la construcción de vivienda social como un recurso clave para combatir la pobreza y reducir la desigualdad. En tanto, Claudia Anaya, senadora del PRI, manifestó que, aunque la bancada apoyará la medida, existen preocupaciones técnicas sobre cómo se aplicarán las tasas de interés en un modelo de crédito económico. “Votaremos a favor porque creemos en el impacto positivo de la vivienda social, pero es necesario considerar los efectos sobre los intereses”, explicó.
El dictamen aprobado especifica también que todas las empresas deberán contribuir a un fondo nacional de vivienda, que podrá usarse para construir propiedades que las personas trabajadoras puedan adquirir o arrendar. Además, el documento detalla que las mensualidades de arrendamiento no podrán superar el 30% de los ingresos de los trabajadores, un planteamiento que la bancada de Morena defiende como un beneficio directo para sus condiciones de vida.
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