La senadora Andrea Chávez, originaria de Sonora, fue nombrada como nueva vocera de Morena en el Senado de la República. En su primer mensaje como portavoz, reiteró que la propuesta de Morena para evitar que las reformas constitucionales puedan ser impugnadas a través del amparo no vulnera los derechos humanos ni representa un riesgo para los ciudadanos.
Chávez subrayó que las reformas a la Constitución tienen una validez especial, al requerir mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como el respaldo de los congresos locales. «Es una validez de carácter especial que hay que respetar. Hablamos de supremacía, de jerarquía constitucional», señaló la legisladora durante su intervención.
La senadora también explicó que los derechos fundamentales y humanos están plenamente protegidos en el artículo primero de la Constitución, y que cualquier temor a que las reformas afecten estas garantías es infundado. Aseguró que, en respuesta a peticiones de la oposición, Morena retiró una propuesta de modificación a este artículo, garantizando que no habrá afectaciones a las garantías individuales.
Chávez rechazó cualquier posibilidad de que Morena utilice las reformas constitucionales para introducir medidas controvertidas, como la reelección presidencial o la pena de muerte, argumentando que el propio artículo primero constitucional lo impide. Cualquier intento en ese sentido, dijo, sería una «antinomia constitucional», lo que haría imposible su implementación.
La nueva vocera de Morena también defendió que la ley de amparo ya existe y que no se pretende eliminar esta figura legal. Sin embargo, acusó a los jueces federales de interpretar de manera «tramposa» ciertos aspectos de la legislación vigente, y aseguró que Morena busca proteger las reformas constitucionales de estas interpretaciones.
Finalmente, Chávez cerró su intervención afirmando que la propuesta de Morena no implica un cheque en blanco para modificar la Constitución sin restricciones y que los derechos humanos están garantizados tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales firmados por México.
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