La relación diplomática entre México y Perú se agudizó este jueves 3 de octubre, luego de que el gobierno de Dina Boluarte condenara el asesinato de un ciudadano peruano en un enfrentamiento ocurrido en Chiapas. Seis migrantes, de nacionalidades egipcia, salvadoreña y peruana, fueron asesinados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante un enfrentamiento en un camino de terracería conocido por ser utilizado por traficantes de personas.
Los militares mexicanos justificaron su accionar, alegando que fueron atacados primero por los delincuentes. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, calificó el hecho como «lamentable» y subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva. «Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya están a disposición de la Fiscalía General de la República, y es la Fiscalía la que tiene que hacer la investigación», afirmó durante su conferencia matutina.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú expresó su consternación por el ataque y exigió a las autoridades mexicanas que se realice una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. «El Gobierno del Perú, a través de su representación diplomática en México, exigirá una urgente investigación que esclarezca y determine las responsabilidades del condenable acto», indicó el comunicado oficial. Además, se mencionó que se brindará asistencia humanitaria a los familiares de la víctima en esta difícil circunstancia.
El trasfondo de la creciente tensión entre ambos países radica en la postura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien criticó la destitución de Pedro Castillo, exmandatario peruano de origen indígena, en diciembre de 2022. Castillo fue removido de su cargo tras intentar disolver el Congreso ante la inminente votación para destituirlo. López Obrador había expresado su preocupación por lo que consideraba un ambiente de hostilidad hacia Castillo, afirmando que México debía seguir los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
Cinco días después de su destitución, López Obrador declaró que México solo reconocía a Castillo como presidente y «pausó» la relación diplomática con Perú, lo que llevó a la administración de Boluarte a declarar como persona non grata al embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, y expulsarlo del país por considerar que sus declaraciones constituían una injerencia en los asuntos internos de Perú.
Desde entonces, las relaciones entre ambos gobiernos han permanecido en una «pausa» total, aunque el comercio entre los países continúa. De hecho, Perú fue uno de los dos países, junto con Ecuador, que no fue invitado a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que refleja la tensión diplomática que persiste entre las naciones.
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