El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, retomó una iniciativa que busca garantizar el derecho de las personas trabajadoras a contar con asientos y descanso durante la jornada laboral. La propuesta, conocida como “ley silla”, establece la obligación de los empleadores de proveer sillas con respaldo y permitir descansos periódicos en sectores de servicios, comercio e industrias, cuando la naturaleza del trabajo lo permita.
La iniciativa reforma los artículos 132, 133 y 423 de la Ley Federal del Trabajo, y está respaldada por los coordinadores parlamentarios del PAN, PVEM, PT, PRI y MC. El objetivo principal es mejorar las condiciones de salud de las y los trabajadores, así como aumentar la productividad de las empresas.
Monreal destacó la importancia de esta reforma al señalar que el permanecer de pie durante jornadas prolongadas puede provocar problemas de salud como fatiga, dolores musculares, insuficiencia venosa, tendinitis y problemas en las rodillas y columna. La propuesta también incluye un enfoque de perspectiva de género en las adecuaciones normativas.
En su intervención, el diputado subrayó que esta preocupación no es nueva, ya que en países como España, Chile y Argentina se comenzó a debatir sobre la necesidad de proveer asientos para los trabajadores desde principios del siglo XX. Recordó que la senadora Patricia Mercado presentó una propuesta similar en el Senado, aprobada en febrero de 2024, y que ahora se revisa en la Cámara de Diputados.
Además de garantizar el derecho al descanso, la iniciativa prohíbe que las personas empleadoras obliguen a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada o a sentarse de manera constante, promoviendo un equilibrio entre las obligaciones y el bienestar físico.
Monreal resaltó que, aunque no existen estadísticas nacionales sobre los efectos en la salud derivados de permanecer de pie o sentado por periodos prolongados, se trata de un problema público que afecta la salud laboral y, en consecuencia, la productividad de las empresas.
La propuesta busca generar un ambiente laboral más saludable y eficiente, alineando los intereses de las empresas con la protección de los derechos laborales, siguiendo el mandato constitucional de garantizar el bienestar de las y los trabajadores en México.
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