El diputado Pedro Haces Barba, de Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), señaló que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales podría generar un aumento en los precios al consumidor.
La advertencia fue hecha en una entrevista con medios de comunicación, donde afirmó que los costos adicionales derivados de las horas extra necesarias serían trasladados por los empresarios a los consumidores.
“Si nos vamos todos a 40 horas, los empresarios van a tener que contratar horas extra, y esas horas no las va a asumir el empresario, sino que se trasladarán en el precio al consumidor”, afirmó Haces Barba.
Esta declaración se suma al debate en torno a la iniciativa que fue presentada en la legislatura pasada por la exdiputada Susana Prieto Terrazas, también de Morena, y que busca reformar el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral semanal.
La propuesta, aprobada en comisiones durante la pasada legislatura, pretende que los trabajadores tengan dos días de descanso por cada cinco laborados, en lugar del esquema actual de seis días de trabajo por uno de descanso. Según Haces, la reducción del tiempo de trabajo implicaría que las empresas necesitarían contratar más personal o pagar horas adicionales, lo que impactaría en sus costos operativos.
Por otro lado, defensores de la iniciativa argumentan que una jornada laboral más corta podría tener beneficios para los trabajadores, como una mayor productividad, mejor salud mental y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. En México, el 27% de la fuerza laboral trabaja más de 48 horas a la semana, lo que ha generado preocupación por los efectos en la salud de los trabajadores.
A pesar del avance de la propuesta en comisiones, su discusión en el pleno aún no tiene fecha definida. Empresarios, como el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, han expresado su preocupación sobre el impacto en la competitividad y la capacidad de las empresas para cumplir con las nuevas regulaciones.
La propuesta ha generado un amplio debate entre legisladores, empresarios y organizaciones laborales. Mientras algunos consideran que la reforma es un paso necesario para mejorar las condiciones laborales en México, otros insisten en que podría tener efectos negativos en la economía, particularmente en los costos de producción y, por ende, en los precios al consumidor.
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