El proceso de liquidación y pérdida de registro del partido Nueva Alianza Estado de México (NAEM) concluirá hasta julio de 2025, tras no haber alcanzado el umbral del tres por ciento de la votación en las elecciones del 2 de junio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó esta decisión el 21 de agosto, y desde entonces el partido ha seguido los procedimientos establecidos para su disolución.
Según informó el interventor designado, Elías Velázquez Colín, el partido ha cumplido con las etapas del proceso, que comenzó el 16 de julio. El último informe fue presentado a la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), confirmando que la liquidación avanza conforme a lo previsto. Las prerrogativas asignadas a NAEM seguirán siendo depositadas hasta diciembre de 2024.
La consejera electoral Daniella Durán Ceja explicó que los recursos económicos del NAEM serán redistribuidos entre las demás fuerzas políticas, utilizando una fórmula que considera la votación obtenida en la última elección, en lugar de hacerlo de manera proporcional.
Sandra López Bringas, otra consejera electoral, señaló que se espera que la liquidación y pérdida de registro del partido se complete a más tardar en julio de 2025, dado que no se han presentado demandas laborales que puedan prolongar el proceso, como ocurrió con el partido Vía Radical.
Durán Ceja también aclaró que los bienes del partido se utilizarán para cubrir sus deudas, priorizando el pago a trabajadores, seguido por los proveedores y, finalmente, las obligaciones fiscales. NAEM, con 118 mil 726 votos, equivalente al 1.46 por ciento de la votación total, quedó muy por debajo del umbral necesario para mantener su registro.
En contraste, en la elección para ayuntamientos, NAEM obtuvo 275 mil 410 votos, lo que representa el 3.45 por ciento, ganando en municipios como Almoloya del Río, Amanalco, Otzolotepec y Texcalyacac. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar su disolución, decretada por el Tribunal Electoral del Estado de México el 10 de julio, y confirmada posteriormente por la Sala Regional Toluca y la Sala Superior del TEPJF.
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