El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, ha advertido sobre un fenómeno emergente conocido como «narcoinflación», que resulta de la extorsión y el cobro de piso que el crimen organizado impone a productores, transportistas y comerciantes en México.
Durante su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, transmitido en redes sociales, el legislador señaló que esta práctica ilícita está impactando significativamente los precios de productos básicos, afectando directamente al consumidor final.
Moreira destacó el caso del limón en Michoacán, cuyo precio ha sufrido un incremento considerable debido a las actividades delictivas. Según explicó, hace una semana, el precio de este producto era de 32 pesos por kilo, y el aumento se debe a que el crimen organizado ha incrementado el cobro de piso en todas las etapas de la cadena de suministro.
Como resultado, los productores, que antes pagaban dos pesos por kilo en extorsiones, ahora están obligados a desembolsar cinco pesos, lo que ha llevado a muchos de ellos a suspender sus actividades ante la presión económica y la inseguridad.
A pesar de los esfuerzos legislativos por endurecer las penas contra la extorsión, Moreira enfatizó la necesidad de una intervención más efectiva por parte de las autoridades para detener este problema, que está erosionando tanto la economía como la seguridad en diversas regiones del país.
Durante la misma transmisión, el economista Mario Di Costanzo acompañó a Moreira y sostuvo que entre un 10 y 15 por ciento del incremento en los precios de alimentos básicos se debe al cobro de derecho de piso, según estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Di Costanzo también reveló que las ganancias anuales del crimen organizado por este concepto ascienden a 200 mil millones de pesos, cifra que supera ampliamente el presupuesto asignado a la Guardia Nacional.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel Sulub, otro participante del programa, señaló que la extorsión es un delito en crecimiento, con 4.9 millones de casos al año, muchos de los cuales son orquestados desde las cárceles. Sulub recordó que la extorsión ha sido incluida en la reciente reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, lo que busca endurecer las penas para quienes cometen este delito.
Este fenómeno de «narcoinflación» no solo pone en riesgo la economía de las regiones afectadas, sino que también plantea un desafío mayor para las autoridades, quienes deberán redoblar esfuerzos para proteger a los ciudadanos y frenar la creciente influencia del crimen organizado en la economía del país.
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